Resumen Latinoamericano / 9 de enero de 2018 / Tony López R., Pacocol
El pasado jueves 4 de enero se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos Calderón y su equipo de Gobierno, con la delegación del Consejo Político del Partido Fuerzas Alternativa Revolucionaria del Común, presidido por Luciano Marín, c/p Iván Márquez, el objetivo analizar el cumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz, firmados el pasado 24 de noviembre del 2016.
Hablemos claro, el Gobierno colombiano ha venido manejando con cierta displicencia los Acuerdos y no ha sido firme y contundente en defender lo pactado, quedando estos a merced de los enemigos de la paz en el Congreso y en la Corte Constitucional, cuya animadversión política se hacen cada vez más ostensible, al igual que el desempeño de la Fiscalía General de la República cuyas acciones en contra del Acuerdo de Paz y de la Justicia Especial de Paz, (JEP).
Ha sido el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, quien influyó en el Congreso durante el debate sobre Justicia Especial de Paz, y consiguió una buen parte de las modificaciones de la JEP en beneficio de los sectores vinculados al paramilitarismo, de los grandes terratenientes financiadores de esas bandas criminales y de los sectores militares implicados en crímenes de guerra, mientras que se exime a una de las partes y se enjuiciará a los miembros de la insurgencia.
Es en ese sentido que el nuevo Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, ha planteado en Cartagena “que se puede aún salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse como jurisdicción para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas ni rangos de clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para enjuiciar a las FARC. No se puede vulnerar el principio de igualdad de las partes. El sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores en el conflicto. Teniendo en cuenta que solamente la verdad puede sanar las profundas heridas ocasionadas por el conflicto, debe ser una obligación para todos ofrecerlas de manera amplia y suficiente”.
No hay que olvidar que el pasado mes de septiembre de visita de trabajo en Colombia la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal General de la República al declarar públicamente que “le habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud” dichas declaraciones a la prensa colombiana e internacional se produjeron a la salida de su reunión con el Fiscal General de la República de Colombia.
Según se conoce públicamente la Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal manifestó que estaba de acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la Unidad Especial, eran necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando su realización.
En resumen la paz en Colombia está en una crítica situación y tanto la mayoría parlamentaria en el Congreso Nacional, la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la República, dos de los Poderes del Estado en Colombia, más la laxitud y la burocracia en el Gobierno ha conspirado para que varios de los Acuerdos Estratégicos no se hayan podido implementar y algunos se han hundido en los debates parlamentarios, precisamente por los sectores que siempre han sido enemigos de la paz y que se benefician con la guerra, a costa de la sangre del pueblo.
Es así como la Reforma Política, la Reforma Rural Integral, el tema de la sustitución de cultivo ilícitos, las Circunscripciones Territoriales Especiales de paz, la continuidad de centenares de presos políticos pertenecientes a las FARC en las cárceles de Colombia, la falta de financiamiento para proyectos productivos y la lamentable y luctuosa criminalidad contra líderes comunales y ex guerrilleros de las FARC, que ya llegan a la increíble cifra de más de 180 víctimas producidas por agentes del Estado y paramilitares, según denuncian defensores de derechos humanos y agrupaciones sociales, pueden hacer fracasar un proceso, solo por mezquinas ambiciones de una oligarquía que habla de una democracia que no practica y lo que es peor, que se convierte en aliadas de sectores delincuenciales y criminales de guerra.
Nada ha parado a estos sectores, ni el apoyo unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el pasado 30 de noviembre hizo público un comunicado que especifica que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción Estable y Duradera, es un documento oficial del Consejo de Seguridad de la ONU.
Dios salve a Colombia.
Dios salve a Colombia.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
La Habana, 5 de enero de 2018. Especial para el diario Por Esto, Mérida, México
