A través del Consorcio KCT Cumaná
Internacional III fue posible lavar dineros provenientes de contratos
habidos fraudulentamente y a través de sobornos a funcionarios y
exfuncionarios de empresas públicas venezolanas, tales como Pdvsa,
Cadafe y Corpoelec.
Maibort Petit/Venezuela al Día
El tema del esquema de corrupción que
protagonizaron las contratistas que participaron en la compra con
sobreprecio de generadores para atender la Emergencia Eléctrica dictada
por el decreto N° 7.223 del fallecido presidente, Hugo Chávez, con fecha
8 de febrero de 2010 no formó parte de las discusiones que se dieron en
la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio del caso que
se le sigue a dos empresarios cubano-americanos acusados de lavar más de
100 millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del régimen
venezolano. No obstante, las informaciones que la fiscalía exhibió ante
el jurado que decidirá la suerte de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, y
la de su empresa Miami Equipment & Export, dejaron al descubierto la
estructura usada por el Consorcio KCT Cumaná Internacional III para
triangular los dineros públicos y convertirlos en fortunas salvadas en
paraísos fiscales, no solamente para los dueños de esas empresas, sino
para los que sirvieron de contactos en Pdvsa, Cadafe y Corpoelec para la
asignación de contratos.
Las denuncias en Venezuela
KCT, consorcio conformado por Cielemca,
Trimeca y KBT, vendió cinco plantas eléctricas por más de 305 millones
de dólares al gobierno de Venezuela según reveló una investigación hecha
por el periodista César Batiz(1).
La contratista del Estado venezolano fue denunciada por haber logrado
contratos millonarios del régimen del fallecido Hugo Chávez a cambio del
pago de sobornos a funcionarios que -para esa época- ocupaban cargos
claves en el gobierno venezolano. Siete años después de aquellas
adjudicaciones fraudulentas salieron a la luz una serie de nombres y
empresas que cobraron dinero sin prestar servicios ni a Pdvsa, Cadafe y
CorpoElec, ni a la empresa que sirvió de máquina para darle apariencia
legal a esos fondos provenientes de la corrupción.
Existe una enorme cantidad de evidencias
sobre la corrupción de la mencionada empresa en manos de los fiscales
federales de los Estados Unidos. Uno documentos dados a conocer en la
corte asegura que el 12 de julio de 2010, KCT compró una turbina
(generador) para Refinería Bajo Grande por $20.609.824,74. Para esa
misma fecha, se denunció en Venezuela que KCT vendió a Bariven una
unidad GE LMS 100 en $95,6 millones, cuando el precio referenciado es de
$35,6 millones. De ser la misma pieza, estaríamos hablando que el
sobreprecio estaría en un orden de 74 millones 990 mil 176 bolívares.
Armando el rompecabezas
En el sala 20-B de la Corte del Distrito
Sur de Nueva York, desde donde atiende el juez William H. Pauley III se
escucharon los nombres de funcionarios venezolanos que -según la
fiscalía neoyorquina- resultaron beneficiados de pagos ilegales por el
Consorcio KCT. He aquí algunos de los mencionados en este escándalo de
lavado de dinero:
-Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU (NY)
-Fidel Ramírez Carreño, médico nombrado
por su hermano Rafael Ramírez Carreño como director médico de PDVSA.
También ocupó el cargo de director del Hospital Militar de Caracas.
-Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, ex
viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez y
quien sirvió a Rafael Ramírez cuando este era presidente de Pdvsa.
-Enrique Rafael Cid Montes asesor del ex Ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón.
-Mario Vega Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe)
-José Luis Léon
-Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe)
-José V. Rangel Mendoza
-Ali Enrique Matute Tovar (CorpoElec y Cadafe)
Igualmente se mencionaron los nombres de
los empresarios dueños de KCT, y otras empresas que participaron en el
esquema de corrupción y lavado de dinero, a saber:
-Enrique Padrella (KCT)
-Antonio Padrin (KCT)
-Blas Herrera(KCT)
-Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT)
-Ariano Martín (KCT)
-Elisbert Becerra Guzmán (Secretaria de Blas Herrera)
-José Miguel García (KCT)
-César Cardozo (Cielemca CA)
-José Garantón (Cielemca CA)
-Rodolfo Somani (EMA CA)
-Ramiro Donato
-Luis I. Franca Monsalve
-Gustavo Hernández
-Eduardo Marcano
-Ricardo Díaz
-Eduardo Navarro Pan
-Luis Guevara
-Jose Cañizalez
-Remigio Otero
Las empresas mencionadas como beneficiarias del dinero son las siguientes:
KCT
KBT CA (Valencia)
Kingsway LDA (Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas)
Adimar International Limited (Blas Herrera, Antonio Padrin, Enrique Pradella, Mario Herrera)
Levack Limited LTD Islas Vírgenes (Mismos dueños de KCT y Adimar)
Posner International INC (Panamá) (Enrique Pradella y José Miguel García)
Quinfra Investment LLC y Constructora Quinfra (Luis I. Franca Monsalve, Ingrid Susana Prato)
Sumus INC
Gargel International Corp (Panamá)
Eurogan SA ( Panamá)
ACM Equipment LLC
IRC Spa (Bologna Italia)
Consultotal (Islas Vírgenes)
PAMNET SA
Estas otras empresas habrían participado en el esquema de lavado de dinero con cupos de Cadivi:
Materiales Manzanillo CA (Oliver González Millán Y José Antonio González)
Alimentación Balanceada ALIBAT CA (David Somoza Mosquera)
Catera Manzanillo CA (Oliver J. González y Carlos Alberto González)
Petrotubos (Mikele Díaz)
Taller Importaciones
La estrategia de KCT
El Consorcio KCT usó una empresa
familiar que vendía equipos de construcción en Miami y la colocó como
puerta de entrada a los Estados Unidos de los dineros provenientes de
contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi. La empresa
con sede en Doral, Florida —según mostraron en el juicio los fiscales—
reportaba ganancias modestas a las autoridades.
Los defensores de Luis Díaz Jr. y Luis
Javier Díaz, Miami Equipment & Export hicieron un esfuerzo ante el
jurado de explicar que la empresa propiedad de los dos acusados es de
tradición familiar con más de 3 décadas de fundada. Explicaron además
que Luis Díaz Jr. conoció a Enrique Pradella y Antonio Padrin (dueños
de KCT) desde que este se inició en el negocio de venta de equipos de
construcción.”Más que una relación comercial, ellos se hicieron muy
buenos amigos”, dijo el abogado George Vila ante el juez.
Una evaluación de las finanzas de Miami
Equipment & Export hecha por el gobierno estadounidense reveló que
desde el 1° de enero de 2010 hasta junio de 2016, la compañía de los
acusados, reportó beneficios por el orden de 150 millones 400 mil 881,31
dólares, de los cuales -de acuerdo con la fiscalía neoyorquina- 106
millones 757 mil 106,42 dólares corresponden a dinero enviado desde
Venezuela por KCT.
Durante la primera semana de juicio los
jurados, 12 mujeres y 3 hombres, vieron la presentación incansable de
cuentos de pruebas que evidenciaban dislates en las finanzas de la
empresa,las cuales llamaron la atención de los investigadores de los
órganos controladores del estado norteamericano.
Dos testigos llamados por el gobierno al
estrado confirmaron las irregulares conseguidas en unas 46 cajas de
documentos físicos, y cientos de GB de evidencias electrónicas que usó
el gobierno estadounidense para tratar de demostrar -más allá de la duda
razonable- que los dos acusados incurrieron en una serie de violaciones
a leyes federales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y
del manejo de un banco sin licencia.
Durante la jornada se enseñaron al
jurado decenas de facturas, correos electrónicos y estados financieros
que buscaban demostrar que existía un esquema -que funcionó por más de 6
años -que permitía que KCT (y otras empresas venezolanas) usaran a
Miami Equipment & Export (ME&E) como banco. Es decir, “los
clientes” de la empresa norteamericana, enviaban desde Venezuela
millones de dólares y soportaban dichos envíos con facturas falsas de
servicios profesionales y asesorías de ingeniería que nunca se habían
hecho. Las facturas falsas eran realizadas en Caracas a nombre de
ME&E, pero en las finanzas de la empresa estadounidense y en los
papeles de impuesto del Servicio de Rentas Internas (IRS), así como en
las guías de exportación, no aparecía reflejado que ME&E tuviese
relación con los supuestos “consultores” a quienes depositaba millones
de dólares en sus cuentas bancarias ubicadas -en su gran mayoría- en
paraísos fiscales.
Dentro de las facturas que llamaron la
atención estaban unas usadas para pagar supuestos servicios prestados a
la empresa de los Díaz por Adinar Internacional Limited, cuyos dueños
Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrin, Mario Herrera,
resultaron ser los mismos propietarios del Consorcio KCT. Es decir, KCT
enviaba el dinero desde Venezuela a ME&E y esta empresa
norteamericana se los depositaba en cuentas de bancos estadounidenses a
los mismos sujetos, pero en nombre de una compañía diferente (Adinar). A
lo largo de la evaluación hecha por los expertos de la Red de
Aplicación de Delitos Financieros FinCEN, ME&E transfirió desde sus
cuenta bancarias a las de Adinar, 37 millones 621 mil 50 dólares.
Nervis G. Villalobos Cárdenas recibió millones por asesorías que nunca hizo
Pero Adinar no era la única empresa que
se beneficiaba del esquema de corrupción. Los expertos del FinCEn
mostraron un balance que señalaba que el exviceministro de Energía
Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos
Cárdenas, recibió de la empresa de los acusados 17 millones 885 mil
25,30 dólares a través de la empresa Kingsway LDA. Los fiscales
mostraron al jurado una serie de falsas facturas firmadas por Villalobos
Cárdenas donde se reflejaba que había hecho asesorías en varios
proyectos de ingeniería, entre ellos destacaba uno en la planta
termoeléctrica Bajo Grande, ubicada en el municipio Cañada de Urdaneta,
en el estado Zulia. La fiscalía destacó que no había ninguna evidencia
que ME&E hubiese participado en ese proyecto en Venezuela.
Los fiscales también mostraron un
acuerdo de consultoría que supuestamente habría firmado Nervis
Villalobos, a través de la empresa Kingsway LDA, con uno de esos
acusados, dueño de ME&E, Luis Díaz Jr. El acuerdo no era conocido
por la contadora de la empresa, Annate Díaz Rojas, hija del demandado y
quien es la encargada de las finanzas de la empresa desde hace 15 años.
La mujer -que fue obligada a testificar contra su padre y su hermano
por un mandato judicial emitido por el gobierno de los Estados Unidos-
dijo que no tenía conocimiento de que ME&E tuviese consultores
externos, asesores en el extranjero o que actuara por mandato de otras
empresas. Aseguró que ME&E no tenía líneas de negocio
internacionales, ni representación de empresa externas y que sólo se
dedicaban a vender y exportar equipos de construcción hacia América
Latina desde Miami.
La fiscalía preguntó a Annete Díaz Rojas
que si a lo largo de su trabajo como contadora había conocido a Nervis
Villalobos Cárdenas o a Fidel Ramírez Cárdenas, (quien es el hermano del
expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael
Ramírez), y a otra decena de beneficiarios de los pagos hechos por la
empresa de su familia a lo que la mujer respondió negativamente. “No sé
quiénes son esas personas y ME&E no tiene relación con ellos”.
La fiscalía también preguntó a Díaz
Rojas si había preparado las formas del Servicio Interno de Impuestos
IRS #1099 para los asesores o consultores a quienes ME&E les había
desembolsado millones de dólares y la testigo nuevamente lo negó. Por
las leyes norteamericanas, las personas que prestan asesorías o
consultorías a empresas, deben llenar la referida planilla de impuesto
en la cual es preciso explicar en qué recibe el servicio, en este caso
ME&E. Mientras las evidencias mostraban las facturas de servicio, y
en los estados bancarios se observaba los pagos hechos por años, el IRS
nunca recibió las planillas de los beneficiarios ni los reportes del
pagador.
KCT Cumaná II Internacional enviaba
regularmente correos electrónicos a los dos acusados donde les informaba
los montos que depositaban en las cuentas de ME&E y, en correo
separado, enviaban las instrucciones con las cuentas de las empresas o
individuos que serían beneficiados con el dinero y, como archivo
adjunto, enviaba las facturas falsas de los supuestos servicios que los
receptores del dinero habrían prestado a ME&E. La fiscalía demostró
con testigos y documentos que no existía una relación entre ME&E y
los beneficiarios de los fondos.
La defensa busca confundir a los testigos, la fiscalía aclara
A lo largo de la audiencia, la defensa
intentó imponer la tesis de que los dos acusados eran los representantes
de KCT, que sí tenían relación con las personas y empresas venezolanas y
que en las evidencias seleccionadas por la fiscalía se habían excluido
unas órdenes de compra hechas por ME&E a la transnacional Siemens.
La defensa también presentó ante el juez
un reporte hecho por el banco donde los acusados tienen sus cuentas
bancarias, en los cuales se hace una revisión de los cuentahabientes, de
la empresa y de los clientes de la empresa. La defensa argumentó que el
banco debió haber hecho el reporte al FinCEN “si hubiese observado que
algo andaba mal, pero no lo hizo”, dijo el abogado Vila en tono
provocador.
También se discutió sobre el uso de los
correos electrónicos corporativos. Según los defensores, el presidente
de ME&E, Luis Díaz Jr., no sabe manejar computadoras, por lo que son
sus hijos los que se encargan de revisar y contestar los correos.
Mostraron al jurado decenas de correos donde la secretaria del
presidente de KCT Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (quien también
recibió dinero en su cuenta en el extranjero) donde informaba a Luis
Díaz Jr. sobre el dinero que depositaban en la cuenta de ME&E, y
otros donde daba las instrucciones para hacer los depósitos en las
cuentas de los beneficiarios y donde enviaban las facturas falsas a
nombre de ME&E por servicios que, según el gobierno, nunca se
prestaron.
De acuerdo a lo afirmado por la hija de
Luis Díaz Jr., Annette Díaz Rojas, su padre no revisa el correo. Comentó
que existe una cuentaljd@miamiequipment.com que la revisan todos los trabajadores de la empresa, que son la misma familia, para cumplir con las instrucciones.
José Quiñón, abogado de Luis Javier
Díaz, le aclaró al jurado que los bancos siempre conocen a sus clientes
antes de aceptar las cuentas. El agente del FinCEN, Mathew De La Rosa,
dijo que el banco hizo una averiguación sobre la empresa y los dueños, y
por una orden del gobierno norteamericano, entregó todos los récords.
Quiñón tomó más de una hora para rebatir
a la fiscalía la participación de su cliente en el esquema de lavado de
dinero, que el fiscal auxiliar había dibujado en una pizarra con unas
pequeñas láminas que incluían los nombres de las empresas y los
beneficiarios del dinero lavado.
El defensor revisó cada empresa,
repitiendo las facturas y los correos electrónicos y preguntándole a De
La Rosa si allí estaba el nombre “Javier”, a lo que el testigo respondió
por más de 30 veces que no. Concluida la tarea de Quiñón, la fiscalía
entró en escena mostrando al jurado los documentos del banco donde se
reflejaba que Luis Javier Díaz era el vicepresidente de la empresa
ME&E y firmante de la cuenta, por tanto, responsable del esquema de
lavado. También se dedicó a mostrar una serie de correos electrónicos
donde aparecía el nombre de “Javier” en varias oportunidades.
Dentro del marco de la audiencia,
también se discutió el tema relacionado con las empresas venezolanas
Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo y Taller Importaciones.
Estas empresas funcionaron de otra manera, según la fiscalía. Las
corporaciones conseguían cupos de Cadivi, colocaban a ME&E como
empresa receptora en el exterior, Cadivi depositaba el dinero en la
cuenta de la empresa de los acusados, y luego, ME&E lo reembolsaba
con una nota que decía: “Reembolso Cadivi”.
La Defensa explicó al jurado que hacer
negocios en Venezuela no era lo mismo que hacerlos en los EE. UU., y que
por los controles y riesgos que corrían las empresas para comprar
dólares, se justificaba que los empresarios buscaran socios en el
extranjero para conseguir dólares a precio preferencial con el gobierno
de Venezuela.
Un testigo experto en controles de cambio
La fiscalía presentó como testigo al
profesor Daniel Lansberg-Rodríguez, un experto en controles cambiarios y
en el sistema Cadivi. Su presencia en la sala fue interrumpida en
múltiples oportunidades por la defensa, que evitaba que el testigo
explicara al jurado cómo funciona el sistema de control y cómo Cadivi se
convirtió en una máquina de corrupción para aquellos empresarios,
familiares y allegados que tenían contactos dentro de ese ente
gubernamental.
Fue tan exitosa la estrategia de la
defensa, que lograron que el juez Pauley III prohibiera a
Lansberg-Rodríguez identificar ante el jurado, a los funcionarios y
exfuncionarios del régimen venezolano que lavaron cientos de millones de
dólares a través de las cuentas de la empresa de los dos acusados.
Cuando Lansberg-Rodríguez empezó a responder las preguntas de los
fiscales, que le pidieron que explicara quién era Nervis Gerardo
Villalobos Cárdenas, el testigo dijo: “Fue viceministro de Energía y
Minas durante el gobierno de Hugo Chávez y cuando Rafael Ramírez era el
presidente de Petróleos de Venezuela y…”, el abogado Quiñón objetó y
pidió al juez detener la testificación, lo que logró luego de que el
magistrado pidiera a las dos partes no tocar el tema de los funcionarios
que recibieron el dinero de las cuentas.
Entre otros testigos que aparecieron en
escena hubo una mujer llamada Ana Losada, que vendió a la empresa de
Blas Herrera unas oficinas ubicadas en Caracas por $300 mil dólares.
Losada dijo que cobró en partes a través de la cuenta bancaria de su
hijo que vive en Nueva Jersey.
Cuando la fiscalía le preguntó a Losada
sí ella había hecho asesorías profesionales a ME&E aseguró que no
conocía esa empresa. Seguidamente la fiscalía pidió a los dos acusados
que se levantarán y le preguntó a la mujer si conocía a los dos hombres a
lo que respondió negativamente y luego, cuando le mostraron una factura
que decía que ella le había prestado consultoría a la mencionada
empresa la testigo dijo que no había hecho esa factura a pesar que su
nombre estaba impreso en ella, con la dirección de su hijo y que jamás
había tenido relación con los acusados ni con su empresa.
El veredicto se conocerá esta semana
El juicio seguirá su curso el lunes 13
de noviembre de 2017 y es muy probable que las deliberaciones del jurado
se inicien el martes 14, de tal manera que esta misma semana se
conocerá su los acusados son culpables o inocentes de los cargos por los
cuales fueron juzgados.
Vale destacar que el jueves 9 de
noviembre no hubo presentación de evidencias al jurado. Ese día el juez
Pauley se reunió en privado con las dos partes para dirimir las
diferencias que existían entre la fiscalía y los dos equipos de abogados
de la defensa.
El Juez Pauley pidió el miércoles a la
defensa que se organizara mejor en sus presentaciones porque daban mala
impresión al jurado cuando interrogaban a los testigos de la fiscalía y
no conseguían los documentos ni las evidencias para mostrarlas en sus
carpetas de pruebas.
La fiscalía terminó el miércoles en la
tarde con la presentación de sus testigos, lo que sorprendió a los
abogados defensores que señalaron que habían previsto llamar a una
persona para testificar en la segunda semana del juicio y que no tenían
tiempo para traerla el día jueves.
