Resumen Latinoamericano / 30 de enero de 2018 / Patricio Mery Bell (Ecuador), Piensa Chile
La operación ya se inició. El bombazo de la madrugada de este 27 de enero (1:27 horas), en el cuartel policial del cantón de San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, dio comienzo a la misión terrorista dirigida a poner el miedo en el imaginario electoral del Ecuador a días de realizarse la consulta inconstitucionalmente promovida desde el gobierno y convocada para el 4 de febrero. Claramente no es un hecho aislado vinculado a la criminalidad común o al narcotráfico.
Rafael Correa ha recorrido pueblos y comunidades, defendiendo la opción NO, respecto de algunas preguntas de la consulta, encontrando a su paso el cariño y reconocimiento de la gente por aquel que estiman como uno de los suyos. Su campaña ha sido totalmente invisibilizada por los medios de comunicación masiva, absolutamente plegados con la opción SÍ, lo que no ha impedido que sus bases se organicen a través de las redes sociales.
Con orquestadas provocaciones y contramanifestaciones callejeras debidamente coordinadas con los medios adictos a la oligarquía, han pretendido graficar burdos intentos de vejar al expresidente en su firme caminar por las aceras de la patria.
Revolución Ciudadana, el movimiento fundado por el correismo el 18 de enero último para enfrentar esta justa plebiscitaria, es la reacción del pueblo de Ecuador que no quiere retrocesos. Es la semilla de esperanza que algunos tratan de aplastar con la eliminación de su líder. Esto último constituiría el golpe necesario para postergar la profundización democrática y la justicia social en favor de los excluidos.
La CIA, junto a los conocidos reaccionarios que manejan los intereses financieros del Ecuador, ha planteado un escenario de violentismo agudo, con atentados y apagones en las principales ciudades de Ecuador que terminaría con el intento de asesinato público en perjuicio del expresidente Correa. Esperamos que la desesperada sinrazón no se imponga y que con esta denuncia se repliegue la felonía.
El plan implica la implementación de estados de excepción constitucional tendientes a sacar a las fuerzas armadas a la calle para reprimir cualquier intento de resistencia de la población civil.
Nadie de esos criminales quiere a Rafael Correa como cabeza de la oposición ecuatoriana y menos como líder del progresismo latinoamericano.
Desde esta tribuna hacemos responsable a Lenín Moreno por la seguridad de Rafael Correa, como de sus colaboradores más cercanos, y lo emplazamos a poner a disposición de la opinión pública ecuatoriana y mundial los antecedentes que manejan tanto la Secretaría Nacional de Inteligencia, como las respectivas Direcciones Policiales de Inteligencia, del Ejército y Marina, sobre el ingreso por pasos fronterizos clandestinos de sicarios colombianos vinculados a los paramilitares uribistas, armados con explosivos plásticos y fusiles de precisión de alto alcance.
Además, el gobierno debe transparentar la identidad y financiamiento de los infiltrados en el comando correísta que informan sobre la programación diaria de las actividades personales y políticas del expresidente.
La pista de esta nueva intentona homicida se dio esta semana en Nueva York, en donde inversionistas de Wall Street vinculados a empresas energéticas y petroleras comentaron la pronta eliminación del factor Correa de manera definitiva, refiriéndose al escollo a remover en su afán de explotar ilimitadamente las riquezas naturales del Ecuador, en línea con los intereses del Pentágono destinados a recuperar la base de Manta.
