Banco Provincia: fuerte acatamiento al primer día de paro/ El Ingenio San Isisdro confirmó su cierre y el despido de 730 trabajadores/ Prov. de San Juan: Acampe y protesta contra Nación por baja de planes sociales/ EL DESPIDO ES UN CRIMEN SOCIAL … Lea más aquí
Resumen Latinoamericano/ 01 de Febrero 2018.- Una
nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino
contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con
información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales,
Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.
Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas,
ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos
envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
En rechazo al 9 por ciento que ofrecen las cámaras empresarias
Paro nacional de bancarios el viernes 9 de febrero
“Insisten con el 9, paramos el 9”, anunció
el titular del gremio Sergio Palazzo al convocar a la medida de fuerza
para el viernes de la próxima semana. También adelantó que si las
cámaras empresarias no mejoran su oferta, el plan de lucha contempla un
paro de 48 horas el 19 y 20 de febrero.
La Asociación Bancaria convocó hoy a un paro nacional en todas las
entidades del país -tanto de la banca pública como de la privada- para
el próximo viernes 9 en rechazo a una propuesta salarial del 9 por
ciento planteada por las cámaras empresarias en el marco de la
negociación paritaria del sector, según lo anunciado este mediodía por
el secretario general del gremio, Sergio Palazzo.
“Insisten con el 9, paramos el 9!!!”, escribió desde su cuenta de Twitter Palazzo, que convocó a un paro nacional de 24 horas en rechazo al exiguo porcentaje de aumento ofrecido por los bancos de cara a las próximas paritarias. “Ante la provocación del ofrecimiento de un 9 por ciento bancarios en estado de alerta y movilización”, sostuvo también Luis Pablo Doublier, delegado gremial del Banco Nación. La medida fue decidida en el plenario de delegados de La Bancaria.
“Insisten con el 9, paramos el 9!!!”, escribió desde su cuenta de Twitter Palazzo, que convocó a un paro nacional de 24 horas en rechazo al exiguo porcentaje de aumento ofrecido por los bancos de cara a las próximas paritarias. “Ante la provocación del ofrecimiento de un 9 por ciento bancarios en estado de alerta y movilización”, sostuvo también Luis Pablo Doublier, delegado gremial del Banco Nación. La medida fue decidida en el plenario de delegados de La Bancaria.
Banco Provincia: fuerte acatamiento al primer día de paro contra el ataque a la caja jubilatoria
Los trabajadores iniciaron una serie de paros que se cumplirán el 1, 2, 8 y 9 de febrero, día que confluiría con un paro nacional bancario por las paritarias. Fuerte denuncia contra los privilegios de funcionarios de Vidal.
La ley de Vidal aumenta en forma progresiva la edad jubilatoria en cinco años, modifica el cálculo del haber inicial y también de la movilidad jubilatoria.
El gremio bancario había anunciado un plan de acciones que se frenó ante el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, que la conducción del gremio acató a pesar de la bronca que había en las bases.
Pero el gobierno mantuvo su postura, además de amenazar con descuentos y cuestionar la personería jurídica del sindicato. Así se inició una serie de paros que, por lo pronto, se realizarán el 1,2, 8 y 9 de febrero.
Hoy comenzó la primera medida, con un alto acatamiento en todas las sucursales del BaPro. El paro fue en casi todos los casos sin concurrencia a los lugares de trabajo.
“Privilegios”
Ante el ajuste de Vidal, los trabajadores bancarios explicaron que “los funcionarios de Cambiemos han manifestado erróneamente o de mala fe, que los trabajadores del Provincia tienen un régimen de jubilaciones de privilegio. Esto no es así. Simulan desconocer que dicho régimen tiene características especiales, no de privilegio. Se sostiene no sólo con aportes de la empresa, sino también con un aporte mayor a cualquier régimen previsional por parte de los trabajadores activos como el de los propios jubilados, quienes siguen aportando luego de serlo; también con aportes extraordinarios de los trabajadores cada vez que hay un acuerdo salarial, un ascenso o cuando ingresan a la entidad y aportan su primer sueldo completo”.Además, circuló en las redes sociales los que sí cuentan privilegios: se trata de más de 200 “asesores” del gobierno que cobran sueldos de 150 mil pesos mensuales. El ranking está encabezado por Jorge Allen, el ex director del BBVA Banco Francés contratado como asesor $234.000 por mes; o el responsable de Comunicación Institucional de la entidad, Hernán Stella, que cobra mensualmente $166.000. También figuran el referente del PRO en Quilmes Federico Scarabino, o el allegado al sciolismo José Pampuro.
Más problemas para el gobierno, más oportunidades para los trabajadores
La última de las jornadas dispuestas en este momento, la del 9 de febrero, confluirá con un paro nacional de todo el gremio bancario. Rechazan la oferta de 9% de aumento que ofrecen los bancos nacional y extranjeros. Según lo resumió el plenario de secretarios generales: “insisten con el 9, paramos el 9”.Se suman así a una ola de conflictos que rechazan los despidos. Desde el norte (azucareros) hasta la Patagonia (Río Turbio, Petroleros), pasando por los estatales de Fanazul, Posadas o el Inti, y de empresas como Stockl o Cresta Roja.
La primera jornada de paro, como decíamos, tuvo un alto acatamiento, mostrando la predisposición de lucha de los trabajadores.
Desde la agrupación Marrón Bancaria /TBM (trabajadores del Bapro en Movimiento), se participó en las medidas y se difundió un comunicado donde plantean “llamamos a todos los bancarios a exigir a la conducción de La Bancaria a unificar las luchas y que un gran paro nacional bancario votado en asambleas en cada banco para este jueves y viernes sea el punta pie inicial para un plan de lucha sostenido y coordinado con todos los sectores. El gremio bancario tiene la fuerza para salir con miles a las calles”.
El Ingenio San Isisdro confirmó su cierre y el despido de 730 empleados
Luego de haber anunciado el cese de actividades con un cartel en la
puerta, el Ingenio ratificó la decisión de cerrar en el Ministerio de
Trabajo. Deja 730 empleados en la calle y el temor en la zona de
convertirse en pueblo fantasma.
Representantes del Grupo Gloria, propietario del
ingenio San Isidro, ubicado en la localidad salteña de Campo Santo,
ratificaron ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la decisión de
cerrar la empresa, situación que afecta a más de 700 trabajadores.
Los propietarios de San Isidro, un grupo de capitales peruanos,
ratificaron ante la autoridad laboral nacional que han resuelto
retirarse del negocio azucarero e irse del país, algo que habían
informado con un comunicado pegado en los portones del ingenio.
Lo confirmó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del ingenio, Mariano Cuenca, quién explicó que se abrió el Procedimiento Preventivo de Crisis, que se aplica en situaciones de fuerza mayor, por la cual el empleador tiene la facultad de suspender trabajadores o bien despedirlos abonando indemnizaciones.
La empresa “no nos dio una alternativa al cierre del ingenio”, expresó Cuenca, tras señalar que desde el gremio se plantearon alternativas al cese de actividades, pero la empresa “solo fue a ratificar el cierre”, ya que “se están retirando de la actividad”, dijo.
El cese de actividades fue anunciado el 19 de enero último. El dirigente gremial dijo que es importante la actuación del gobernador, Juan Manuel Urtubey, “en la búsqueda de una alternativa”.
El mandatario había viajado a Perú para hablar con los propietarios del Grupo Gloria, a fin de encontrar una salida.
Cuenca confirmó que antes de la reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se reunió -junto a otros representantes del gremio- con el gobernador Urtubey en la Casa de Salta en Buenos Aires.
“Desde el gobierno (provincial) y los trabajadores vamos a buscar opciones para que la actividad del ingenio no cese y se pueda mantener la fuente laboral”, agregó el dirigente.
En el acta de la reunión en la cartera laboral el Grupo Gloria señaló que registra “la pérdida constante y sostenida” de los últimos cuatro años, por ello ha decidido “cesar en forma ordenada” para “el cierre del establecimiento”.
Se comprometió a que mientras dure este proceso, los trabajadores cobrarán el total de sus remuneraciones sin asistir al centro de trabajo. Si bien la decisión afecta a unos 730 trabajadores directos del ingenio, el gremio considera que son alrededor de 2.600 las personas que directa e indirectamente sufrirán el cese de las actividades del ingenio.
En Campo Santo, la ciudad que alberga al ingenio a unos 50 km de Salta, tiene unos 6 mil habitantes, por lo que es obvia su dependencia de esa empresa. El impacto de la salida de San Isidro será devastador y hay temor en que se termine convirtiendo en una especie de pueblo fantasma.
Lo confirmó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del ingenio, Mariano Cuenca, quién explicó que se abrió el Procedimiento Preventivo de Crisis, que se aplica en situaciones de fuerza mayor, por la cual el empleador tiene la facultad de suspender trabajadores o bien despedirlos abonando indemnizaciones.
La empresa “no nos dio una alternativa al cierre del ingenio”, expresó Cuenca, tras señalar que desde el gremio se plantearon alternativas al cese de actividades, pero la empresa “solo fue a ratificar el cierre”, ya que “se están retirando de la actividad”, dijo.
El cese de actividades fue anunciado el 19 de enero último. El dirigente gremial dijo que es importante la actuación del gobernador, Juan Manuel Urtubey, “en la búsqueda de una alternativa”.
El mandatario había viajado a Perú para hablar con los propietarios del Grupo Gloria, a fin de encontrar una salida.
Cuenca confirmó que antes de la reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se reunió -junto a otros representantes del gremio- con el gobernador Urtubey en la Casa de Salta en Buenos Aires.
“Desde el gobierno (provincial) y los trabajadores vamos a buscar opciones para que la actividad del ingenio no cese y se pueda mantener la fuente laboral”, agregó el dirigente.
En el acta de la reunión en la cartera laboral el Grupo Gloria señaló que registra “la pérdida constante y sostenida” de los últimos cuatro años, por ello ha decidido “cesar en forma ordenada” para “el cierre del establecimiento”.
Se comprometió a que mientras dure este proceso, los trabajadores cobrarán el total de sus remuneraciones sin asistir al centro de trabajo. Si bien la decisión afecta a unos 730 trabajadores directos del ingenio, el gremio considera que son alrededor de 2.600 las personas que directa e indirectamente sufrirán el cese de las actividades del ingenio.
En Campo Santo, la ciudad que alberga al ingenio a unos 50 km de Salta, tiene unos 6 mil habitantes, por lo que es obvia su dependencia de esa empresa. El impacto de la salida de San Isidro será devastador y hay temor en que se termine convirtiendo en una especie de pueblo fantasma.
Cumple una semana la ocupación del INTI contra los 254 despidos en el organismo
“Vamos a seguir con la ocupación de las instalaciones del INTI en
rechazo a los despidos. Queremos que se abran instancias de diálogo para
contemplar la situación de cada compañero”, señalaron los trabajadores.
El secretario general adjunto de la comisión gremial
interna del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
Sebastián Baldomir, confirmó que los trabajadores permanecerán en las
instalaciones del Parque Migueletes en rechazo a los 254 despidos.
“Vamos a seguir con la ocupación de las instalaciones del INTI en
rechazo a los despidos. Queremos que se abran instancias de diálogo para
contemplar la situación de cada compañero”, señaló Baldomir, dirigente
alineado en el gremio estatal de ATE.
En ese sentido, el gremialista insistió en que los trabajadores pretenden comenzar una negociación con los funcionarios del Ministerio de Modernización que no se limite a tratativas con el área de recursos humanos del INTI.
“Creemos que en INTI no sobra nadie y todos los compañeros que fueron despedidos sean reincorporados. Cualquier proceso de reforma debe hacerse con los trabajadores”, remarcó Baldomir.
Ayer se cumplió el sexto día de permanencia en el INTI por parte de sus empleados, y durante el mediodía se realizó una asamblea que definió continuar con la medida de protesta.
En ese sentido, desde ATE le confirmaron a Télam que la asamblea decidió que si mañana las autoridades del organismo resuelven levantar el asueto que declararon y se reanudan las actividades, el mandato de los trabajadores es que “entren todos” los despedidos.
El INTI posee delegaciones en todo el país y los despidos afectaron, además de sede central, las plantas de las provincias de Córdoba, San Luis, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Rafaela, Bariloche, Neuquén, Jujuy, Mendoza, Catamarca, Chaco, Formosa y La Rioja, y los centros ubicados en Lobos, Hurlingham, Gonnet, Comodoro Rivadavia, (Chubut), Viedma, Rosario y Cipolletti.
Según un comunicado del INTI difundido el lunes, el organismo ” decidió desvincular a 254 trabajadores sobre una dotación de más de 3 mil por ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales y de desempeños y para ordenar a la institución, en concordancia con el resto de los organismos del Estado”.
“Todas las personas desvinculadas percibirán las indemnizaciones de ley, que serán en promedio de 450.000 pesos. Para lograr un INTI eficiente y al servicio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) es preciso premiar a quienes hacen las cosas bien”, se agregó en ese informe de las autoridades del instituto.
En ese sentido, el gremialista insistió en que los trabajadores pretenden comenzar una negociación con los funcionarios del Ministerio de Modernización que no se limite a tratativas con el área de recursos humanos del INTI.
“Creemos que en INTI no sobra nadie y todos los compañeros que fueron despedidos sean reincorporados. Cualquier proceso de reforma debe hacerse con los trabajadores”, remarcó Baldomir.
Ayer se cumplió el sexto día de permanencia en el INTI por parte de sus empleados, y durante el mediodía se realizó una asamblea que definió continuar con la medida de protesta.
En ese sentido, desde ATE le confirmaron a Télam que la asamblea decidió que si mañana las autoridades del organismo resuelven levantar el asueto que declararon y se reanudan las actividades, el mandato de los trabajadores es que “entren todos” los despedidos.
El INTI posee delegaciones en todo el país y los despidos afectaron, además de sede central, las plantas de las provincias de Córdoba, San Luis, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Rafaela, Bariloche, Neuquén, Jujuy, Mendoza, Catamarca, Chaco, Formosa y La Rioja, y los centros ubicados en Lobos, Hurlingham, Gonnet, Comodoro Rivadavia, (Chubut), Viedma, Rosario y Cipolletti.
Según un comunicado del INTI difundido el lunes, el organismo ” decidió desvincular a 254 trabajadores sobre una dotación de más de 3 mil por ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales y de desempeños y para ordenar a la institución, en concordancia con el resto de los organismos del Estado”.
“Todas las personas desvinculadas percibirán las indemnizaciones de ley, que serán en promedio de 450.000 pesos. Para lograr un INTI eficiente y al servicio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) es preciso premiar a quienes hacen las cosas bien”, se agregó en ese informe de las autoridades del instituto.
Río Negro: más de 60 víctimas de trata halladas en un establecimiento frutícola
Fue en la tarde del miércoles en la estancia El Caldero, propiedad de la empresa Kleppe, ubicada en localidad de Belisle, en el Valle Medio. Entre las personas rescatadas hay menores.
Según fuentes que participaron del operativo, unos 68 trabajadores
rurales provenientes de la provincia del Chaco fueron hallados
trabajando en muy malas condiciones en la estancia El Caldero, que
pertenece a Kleppe.
No es la primera vez que en el Valle Medio se realizan denuncias, allanamientos y hallazgo de personas provenientes del norte del país o países limítrofes sometidas a condiciones de vida y trabajo infrahumanas.
Como lo muestra el documental producido por La Izquierda Diario Daniel Solano, golondrina ausente, el abogado de la familia Solano, Sergio Heredia, desde 2011 denuncia la complicidad entre las redes de trata y empresas frutihortícolas tanto pequeñas como de la dimensión de la multinacional Expofrut.
Las mismas fuerzas represivas que hoy posan de héroes que rescatan personas, son parte indispensable para el funcionamiento de las mismas redes de trata, como demostró la desaparición de Daniel y la posterior investigación.
A cuatro años y ocho meses de la desaparición de Daniel Solano, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) no ha exigido su aparición ni denunciado este entramado mafioso con el cual se sostiene el negocio de la cosecha, poda y raleo de la fruticultura en el Valle de Río Negro.
El hallazgo de este miércoles, donde decenas de personas fueron encontradas en condiciones inhumanas de trabajo, es un nuevo capítulo de esta larga historia.
No es la primera vez que en el Valle Medio se realizan denuncias, allanamientos y hallazgo de personas provenientes del norte del país o países limítrofes sometidas a condiciones de vida y trabajo infrahumanas.
Como lo muestra el documental producido por La Izquierda Diario Daniel Solano, golondrina ausente, el abogado de la familia Solano, Sergio Heredia, desde 2011 denuncia la complicidad entre las redes de trata y empresas frutihortícolas tanto pequeñas como de la dimensión de la multinacional Expofrut.
Las mismas fuerzas represivas que hoy posan de héroes que rescatan personas, son parte indispensable para el funcionamiento de las mismas redes de trata, como demostró la desaparición de Daniel y la posterior investigación.
A cuatro años y ocho meses de la desaparición de Daniel Solano, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) no ha exigido su aparición ni denunciado este entramado mafioso con el cual se sostiene el negocio de la cosecha, poda y raleo de la fruticultura en el Valle de Río Negro.
El hallazgo de este miércoles, donde decenas de personas fueron encontradas en condiciones inhumanas de trabajo, es un nuevo capítulo de esta larga historia.
Prov. de San Juan: Acampe y protesta contra Nación por baja de planes sociales
Sanjuaninos que pueden perder el beneficio salieron a manifestarse por las calles. Reclaman que se revise la legalidad de cada ayuda, antes de dejarlas sin efecto a todas juntas.
Varias columnas de organizaciones
civiles y piqueteras marcharon en la mañana de este martes por las
calles céntricas contra de la posibilidad de que el Gobierno de Mauricio
Macri deje sin efecto en la provincia miles de planes sociales. El
alerta se desató primero por el mandato presidencial de recortarle poder
a esas entidades y después, por las declaraciones de la jefa de la
delegación local de la Gerencia de Empleo de la Nación, Viviana López,
que el lunes dijo que están estudiando la alternativa de no renovar 12
mil ayudas, porque sospechan que en el manejo de los mismos hay
anomalías y clientelismo. La preocupación de los beneficiarios es que no
se repita lo que pasó el año pasado.
En 2017, desde la Casa Rosada ordenaron una baja masiva de pensiones
en todo el país y después revisar si estaban bien concedidas. Los cortes
de las organizaciones durante buena parte de la mañana generaron un
verdadero caos, ya que no dejaron transitar normalmente a todo tipo de
movilidades que regularmente llegan al centro y se generaron cuellos de
botellas en al menos 10 calles de mucho flujo vehicular. Fue la forma
que eligieron para alzar la voz contra la medida que está en estudio en
los despachos macristas. Los planes que están en la mira de la Nación
forman parte del plan “Entrenamiento para el Trabajo en Instituciones
sin Fines de Lucro”. En total son 13 mil beneficiarios que lo reciben en
San Juan.
La cantidad de quienes podrían perderlo asciende a 12 mil, es decir un 92 por ciento. La ayuda es de 1.850 pesos por persona y a cambio, deben ser capacitadas en distintos oficios para que tengan mayores chances de entrar al mercado laboral. Según dijeron son casos en los que creen que no se está cumpliendo el objetivo de la capacitación de los beneficiarios y si es así, no se renovarían. Al mismo tiempo, sostuvieron que la opción es contenerlos en otros programas que sean administrados por instituciones idóneas y transparentes. Entre las personas que reclamaron, se dio un facto común. Piden que si hay anomalías, se den de baja a esos casos puntuales y no a todos los beneficios que la administración macrista afirma tener en la mira.
La cantidad de quienes podrían perderlo asciende a 12 mil, es decir un 92 por ciento. La ayuda es de 1.850 pesos por persona y a cambio, deben ser capacitadas en distintos oficios para que tengan mayores chances de entrar al mercado laboral. Según dijeron son casos en los que creen que no se está cumpliendo el objetivo de la capacitación de los beneficiarios y si es así, no se renovarían. Al mismo tiempo, sostuvieron que la opción es contenerlos en otros programas que sean administrados por instituciones idóneas y transparentes. Entre las personas que reclamaron, se dio un facto común. Piden que si hay anomalías, se den de baja a esos casos puntuales y no a todos los beneficios que la administración macrista afirma tener en la mira.
Los bailarines del Ballet Nacional de Danza reclamaron su reincorporación
Un espectáculo frente a la oficina de Avelluto
Los integrantes del ballet cerrado por el
ministro de Cultura danzaron nuevamente en Callao y Alvear para pedirle
al funcionario que reconsidere su decisión. Entre artistas, técnicos y
vestuaristas, 80 personas quedaron sin trabajo con el cierre de la
compañía.
Imagen: Bernardino Ávila
Tras cuatro semanas de reclamo, y ante el silencio del ministro Pablo
Avelluto, los 60 bailarines afectados por el cierre del Ballet Nacional
de Danza volvieron a hacer una exhibición artística frente al
Ministerio de Cultura para repudiar el cierre de la compañía.
Acompañados por gremios del Estado que se solidarizaron con su
situación, le repitieron al funcionario del Gobierno de Macri su reclamo
de “No al vaciamiento cultural”, al ritmo de música clásica. La
protesta busca que Avelluto dé finalmente continuidad a las funciones
gratuitas y a las clases abiertas de danza clásica que Iñaqui Urlezaga
impartía en lugares no tradicionales.
La clase y ensayo abierto de la compañía se realizó en Callao y Avenida Alvear a las 12 del mediodía y cientos de personas se acercaron para presenciarlos. “Estamos acá por la lucha contra los despidos y el desfinanciamiento del ballet nacional”, resaltaron los bailarines durante la convocatoria, al destacar que se trata del “único ballet nacional”.
La clase y ensayo abierto de la compañía se realizó en Callao y Avenida Alvear a las 12 del mediodía y cientos de personas se acercaron para presenciarlos. “Estamos acá por la lucha contra los despidos y el desfinanciamiento del ballet nacional”, resaltaron los bailarines durante la convocatoria, al destacar que se trata del “único ballet nacional”.
El Ministerio de Cultura, que confirmó el 10 de enero la decisión
de “discontinuar el financiamiento” del ballet creado en 2013, adujo que
ya existen otros dos ballets estables bajo su órbita, el Ballet
Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. “Este
programa brindaba funciones gratuitas, llegando a todo el público y a
todo el país, de norte a sur y de este a oeste”, denunciaron entonces
las bailarinas. Entre artistas, técnicos y vestuaristas, 80 personas
quedaron sin trabajo con la decisión de Avelluto.
Echaron a un empleado del Ministerio de Trabajo tras marchar contra la reforma previsional
Reprimido y despedido
Francisco Alurralde fue cesanteado por la
cartera que conduce Jorge Triaca luego de haber participado en la
movilización del 18 de diciembre contra el ajuste a los jubilados,
durante la que fue golpeado, herido con balas de goma y detenido por la
Policía Federal. ATE denunció el “despido persecutorio”, luego de que
las autoridades del Ministerio le dijeran a los delegados que se
trataron de órdenes “de arriba”.
“Lo único que hice fue querer estar presente en un reclamo junto a
tantos otros trabajadores”, lamenta Francisco Alurralde, quien el 2 de
enero fue despedido de su puesto en la Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, donde se desempeñaba hace 14 años. Alurralde
fue echado por la cartera conducida por Jorge Triaca luego de participar
en la movilización contra la reforma previsional del 18 de diciembre,
cuando fue golpeado, herido con balas de goma y detenido por la Policía
Federal. Ante la consulta de la Junta Interna de ATE sobre los
argumentos de despido, las autoridades del Ministerio le dijeron a los
delegados que se trataron de órdenes “de arriba”.
Frente a esta situación, ATE inició una campaña para denunciar el “despido persecutorio” de Alurralde, que fue acompañada por una nutrida junta de firmas entre los compañeros y compañeras del trabajador cesanteado por la cartera de Triaca. “Es increíble que sea justamente en el Ministerio de Trabajo donde ocurran estas cosas. Se trata de un despido totalmente arbitrario que me deja en una situación muy complicada, ya que tengo una familia que mantener y conseguir otro trabajo en este contexto se hace muy difícil”.
Alurralde fue uno de los más de 40 detenidos en la cacería desatada por la Policía de la Ciudad y la Federal durante la segunda y masiva protesta contra la reforma previsional. Al igual que el resto de los detenidos, se le abrió una causa penal “sin ninguna prueba, mientras se lanzó en los medios una campaña de estigmatización donde, junto con otros trabajadores estatales, fue presentado como un ‘agitador violento'”, describió en un comunicado la Junta Interna de ATE.
“Apenas salí del subte fui violentamente detenido, luego de agacharme a buscar mis anteojos y recibir impactos de balas de goma. Una vez en el piso fui maltratado por la policía e inclusive recibí otro disparo de bala de goma a corta distancia y por la espalda”, recordó el trabajador al narrar la situación que atravesó aquel 18 de diciembre y lamentó: “Lo único que hice fue querer estar presente en un reclamo junto a tantos otros trabajadores del organismo y a miles de ciudadanos en defensa de nuestros jubilados”.
Tras ser víctima de la represión policial, Alurralde se encontró el primer día hábil de 2018 sin poder acceder a su puesto de trabajo, “sin mediar aviso previo ni causal de despido”, denunció la Junta Interna del gremio, mientras que las explicaciones dadas a los delegados del Ministerio de Trabajo fueron “son órdenes de arriba”. “Hasta el día de la fecha ninguna autoridad política ha querido dar más explicaciones sobre el caso. Hoy Francisco sigue en la calle”, denunció ATE.
“La solidaridad de todas y todos los compañeros del sector es absoluta, de inmediato firmamos una nota pidiendo su reincorporación, ya que conocemos a Francisco y sabemos qué clase de trabajador y compañero es”, destacó Lisandro Rodriguez Cometta, delegado de ATE y compañero de trabajo de Francisco, y analizó que “con este tipo de medidas buscan amedrentar, hacer sentir miedo para que ni siquiera haya manifestaciones de forma pacífica”.
Frente a esta situación, ATE inició una campaña para denunciar el “despido persecutorio” de Alurralde, que fue acompañada por una nutrida junta de firmas entre los compañeros y compañeras del trabajador cesanteado por la cartera de Triaca. “Es increíble que sea justamente en el Ministerio de Trabajo donde ocurran estas cosas. Se trata de un despido totalmente arbitrario que me deja en una situación muy complicada, ya que tengo una familia que mantener y conseguir otro trabajo en este contexto se hace muy difícil”.
Alurralde fue uno de los más de 40 detenidos en la cacería desatada por la Policía de la Ciudad y la Federal durante la segunda y masiva protesta contra la reforma previsional. Al igual que el resto de los detenidos, se le abrió una causa penal “sin ninguna prueba, mientras se lanzó en los medios una campaña de estigmatización donde, junto con otros trabajadores estatales, fue presentado como un ‘agitador violento'”, describió en un comunicado la Junta Interna de ATE.
“Apenas salí del subte fui violentamente detenido, luego de agacharme a buscar mis anteojos y recibir impactos de balas de goma. Una vez en el piso fui maltratado por la policía e inclusive recibí otro disparo de bala de goma a corta distancia y por la espalda”, recordó el trabajador al narrar la situación que atravesó aquel 18 de diciembre y lamentó: “Lo único que hice fue querer estar presente en un reclamo junto a tantos otros trabajadores del organismo y a miles de ciudadanos en defensa de nuestros jubilados”.
Tras ser víctima de la represión policial, Alurralde se encontró el primer día hábil de 2018 sin poder acceder a su puesto de trabajo, “sin mediar aviso previo ni causal de despido”, denunció la Junta Interna del gremio, mientras que las explicaciones dadas a los delegados del Ministerio de Trabajo fueron “son órdenes de arriba”. “Hasta el día de la fecha ninguna autoridad política ha querido dar más explicaciones sobre el caso. Hoy Francisco sigue en la calle”, denunció ATE.
“La solidaridad de todas y todos los compañeros del sector es absoluta, de inmediato firmamos una nota pidiendo su reincorporación, ya que conocemos a Francisco y sabemos qué clase de trabajador y compañero es”, destacó Lisandro Rodriguez Cometta, delegado de ATE y compañero de trabajo de Francisco, y analizó que “con este tipo de medidas buscan amedrentar, hacer sentir miedo para que ni siquiera haya manifestaciones de forma pacífica”.
Como el año pasado, Smata acordó 6% para el primer trimestre del año
En línea con lo acordado en 2017 y lejos de la meta del 15%, el
gremio de mecánicos acordó una recomposición del 6,06% para el primer
trimestre del año. Mala noticia para Triaca.
El sindicato de mecánicos, Smata, acordó con la
cámara que agrupa a las concesionarias de autos y talleres (Acara) un
incremento salarial del 6,06% para el primer trimestre de este año.
El aumento trimestral es similar a la suba que el gremio había
firmado el año pasado para el mismo período (enero-marzo), cuando
negoció una mejora de 6,17% y se ubica muy lejos de los parámetros que
el oficialismo busca instalar para el 2018..
A diferencia de la mayoría de las paritarias, la negociación salarial de los mecánicos se discute cada trimestre, de manera de compensar rápidamente cualquier deterioro de los sueldos del sector ante una evolución mayor de la inflación.
En 2017, el gremio acordó una suma de 6,41 para el trimestre abril-junio, otro incremento de 5,4% para el período julio-septiembre y finalmente una mejora de 5,16% (octubre-diciembre), con lo que acumuló una recomposición anual de 25,22%.
Ahora, la mala noticia para Jorge Triaca, que desde la cartera laboral es el encargado de encorsetar las negociaciones salariales en torno al 15%, es que con un inicio calcado al de 2017 uno de los gremios más poderosos del sector industrial parecen encaminarse a pulverizar (en modo trimestral) el techo salarial del oficialismo.
A diferencia de la mayoría de las paritarias, la negociación salarial de los mecánicos se discute cada trimestre, de manera de compensar rápidamente cualquier deterioro de los sueldos del sector ante una evolución mayor de la inflación.
En 2017, el gremio acordó una suma de 6,41 para el trimestre abril-junio, otro incremento de 5,4% para el período julio-septiembre y finalmente una mejora de 5,16% (octubre-diciembre), con lo que acumuló una recomposición anual de 25,22%.
Ahora, la mala noticia para Jorge Triaca, que desde la cartera laboral es el encargado de encorsetar las negociaciones salariales en torno al 15%, es que con un inicio calcado al de 2017 uno de los gremios más poderosos del sector industrial parecen encaminarse a pulverizar (en modo trimestral) el techo salarial del oficialismo.
Rompe los lazos familiares y de la sociedad toda
EL DESPIDO ES UN CRIMEN SOCIAL
Proponemos la lectura de un texto que tiene más de 100 años,
y tiene que ver como desde la filosofía y la sociología se denomina
“crimen social” a las medidas económicas que afectan a millones de
familias en su hacer diario:Leer/Extracto:”Cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad [2] pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir, cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello, cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen. Ahora pasaré a demostrar que la sociedad en Inglaterra comete cada día y a cada hora lo que los periódicos obreros ingleses tienen toda razón en llamar crimen social, que ella ha colocado a los trabajadores en una situación tal que no pueden conservar la salud ni vivir mucho tiempo, que ella mina poco a poco la existencia de esos obreros y que los conduce así a la tumba antes de tiempo. Demostraré, además, que la sociedad sabe hasta qué punto semejante situación daña la salud y la existencia de los trabajadores y, sin embargo, no hace nada para mejorarla. En cuanto al hecho de que ella conoce las consecuencias de sus instituciones y que ella sabe que sus actuaciones no constituyen por tanto un simple homicidio, sino un asesinato, puedo demostrarlo citando documentos oficiales, informes parlamentarios o administrativos que establecen la materialidad del crimen”
“La situación de la clase obrera en Inglaterra” – Federico Engels – 1845
