Resumen Latinoamericano / 9 de febrero de 2018 / Taller de comunicaciones Aguazul Casanare, Trochando Sin Fronteras
Las comunidades campesinas han vivido y viven las consecuencias de tener que compartir sus territorios con las empresas petroleras.
De esto son testigos directos la comunidad organizada en ASOVEC, una Asociación que reúne las veredas de Cunama, Retiro Milagro, Plan Brisas, Volcán Blanco, Florida y Charte del municipio de Aguazul Casanare. Esta comunidad durante los últimos 27 años ha sido estigmatizada y categorizada por el Gobierno Nacional como zona roja debido a que han hecho presencia grupos insurgentes.
A inicio del año 2000 llegó la multinacional petrolera British Petroleum Company – BP- y con ello la militarización de la región y la creación de una base Militar del Ejército, un puesto de control y vigilancia por parte de la policía. A raíz de la estigmatización y las políticas implantadas por partes de la petrolera y en conformidad con el Estado colombiano, la comunidad ha sufrido agresiones físicas, verbales y señalamientos por parte de la Fuerzas Militares, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales (los mal llamados falsos positivos) y judicializaciones a sus líderes[1]
A esto se le sumó la llegada a la presidencia el señor Álvaro Uribe Vélez y con él, la política de Estado de “Seguridad democrática” en la cual exigía resultados a las Fuerzas Militares que se traducía en capturas y bajas a la subversión. En particular para esta región se intensificaba la arremetida militar contra la población y uno de esos casos que hoy traemos a la memoria, es la ejecución extrajudicial de los campesinos Daniel Torres y Roque Julio Torres a manos del Ejército Nacional y por lo cual se encuentra siendo procesado el general de la Brigada XVI de Casanare Henry Torres Escalante.
A la militarización se le sumó el auge del paramilitarismo en el departamento y en el municipio de Aguazul, donde su forma de operar era exterminando todo a aquello que le “oliera a subversión” y teniendo en cuenta la estigmatización y señalamiento hecha por parte del Gobierno Nacional a la zona, la comunidad organizada en ASOVEC durante un largo tiempo sintió temor de desplazarse hacia la ciudad de Aguazul ante los casos de desaparición forzada, asesinato y tortura que los pobladores y líderes sociales sufrieron[2].
El 2018 la situación no ha cambiado mucho, los habitantes de estas comunidades siguen viviendo en medio del conflicto social y armado que se vive en Colombia. Aunque se habla de paz esto no es una realidad en las comunidades. Uno de los últimos casos que se registró en este sector fue la utilización de los pobladores por parte del Ejército Nacional para transportar propaganda incautada al ELN, colocando en riesgo la integridad de estos campesinos y facilitando un falso positivo judicial. Así lo registró un comunicado a la opinión pública por parte de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de la región[].3
Ante este panorama tan desfavorable, ASOVEC desde hace años se dio a la tarea de implementar dentro de su organización los comités de Derechos Humanos, los cuales han permitido denunciar y visibilizar los atropellos a los que son sometidos por parte de las Fuerzas Militares de la mano del paramilitarismo. Continuarán fortaleciéndose como organización veredal alrededor del trabajo campesino y comunitario ya que el gran reto es superar la crisis socio-económico y ambiental que ha dejado el petróleo en esta región, apostándole a la defensa del territorio que permita construir vida digna para las comunidades.
[1]- (Casanare: exhumando el genocidio, 2011) disponible en ttp://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/casanare/caso_tipo_casanare.pdf
[2](Loingsigh, 2010)Por dentro e’soga, una mirada al boom petrolero y el fenómeno transnacional en Casanare.
[3]Falsos positivos una estrategia para la incriminación http://centroriente.org/falsos-positivos-una-estrategia-para-la-incriminacion/
