Resumen Latinoamericano / 7 de febrero de 2018 / Radio ProgresoEn la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, la Fundación San Alonso Rodríguez, el Observatorio de Derechos Humanos y la Coalición Contra la Impunidad denunciaron la criminalización y estigmatización contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Un ejemplo de esa estigmatización y criminalización es el caso del defensor de derechos humanos Pedro Ulloa en el Valle del Aguán, recientemente capturado y acusado de los delitos de Asesinato, Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, Homicidio, Incendio y Robo Agravado por hechos acaecidos el 3 de agosto del 2008, relacionados al conflicto agrario no resuelto en la zona, sin existir evidencia que lo vincule con ninguno de los delitos.
Luego de comprobar que no existe evidencia que vincule a Pedro Ulloa con los delitos mencionados, el juez que conoce del caso dictó SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL en todos los delitos, esto significa que el Ministerio Publico tiene la posibilidad de recabar nueva evidencia durante 5 años.
Pedro Ulloa es un activo defensor de derechos humanos, especialmente de campesinos y campesinas del Aguán criminalizados en la lucha por la tierra. Actualmente es parte del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán.
Las organizaciones denunciantes, Fundación San Alonso Rodríguez, el Observatorio de Derechos Humanos del Aguán y la Coalición Contra la Impunidad, condenaron que luego de la aprehensión de Pedro Ulloa, de manera irresponsable y con malicia, la División de Relaciones Públicas del Ministerio Público emitió un boletín asegurando su culpabilidad violentando el principio penal de presunción de inocencia.
Las organizaciones recordaron que las violaciones a los derechos humanos en Honduras hacen que muchos hombres y mujeres asuman grandes riesgos por defender los derechos humanos y que el Estado hondureño debe reconocer su labor y protegerles.
Así mismo, que la labor de defensa de derechos humanos es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tiene un papel protagónico en el logro pleno del Estado de Derecho. Recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha instado al Estado hondureño a implementar todas las medidas necesarias para impedir agresiones y violencia contra los defensores y defensoras, incluyendo la adopción de un discurso público que reconozca la importancia de la labor y el desarrollo de investigaciones prontas, efectivas e imparciales que permitan la identificación de los responsables y su sanción como medidas efectivas de no repetición.
