Por Martín Pastor* / Resumen Latinoamericano / 26 de abril de 2018.
La corrupción es sin duda uno de los males del país, pero no es el mayor problema del Ecuador. Sin embargo, durante todo este periodo, el presidente Lenín Moreno se ha dedicado casi exclusivamente a combatirla. De su lucha se hacen eco empresarios, turbas enardecidas, medios de comunicación y oposición, quienes consideran a la corrupción como causante de todos los males. Mientras tanto, se ignoran afectaciones financieras mucho más cuantiosas para el país.
Recapitulemos brevemente.
El ‘detonante’ fue el escándalo político del caso Odebrecht y Petroecuador, con relación al exvicepresidente Jorge Glas y exfuncionarios del gobierno correista. Moreno llegó a culparlo de todo a la administración de su antecesor, acusando a sus integrantes de “mafiosos”. Su respuesta fue instalar un Frente Anticorrupción y desatar una cruzada por toda la función pública. Pero, ¿esta lucha es justificable o es demagógica?
Según el Procurador General del Ecuador, Diego García, se estima que más de USD 50 millones se entregaron en coimas en el Caso Odebrecht -la empresa brasileña acepta que fueron USD 33.5 millones-. Esto desató debates, publicaciones varias y marchas, que se canalizaron para convertirlas en el estandarte que justificó la agenda anticorrupción.
Sin embargo, la cifra es ínfima comparada con los USD 400 millones que pierde aproximadamente el Ecuador por evasión de impuestos cada año. “Desde el 2000 hasta marzo de 2016 cerca de USD 4.500 millones ha dejado de percibir el Estado”, afirmó el titular del Colegio de Economistas de Pichincha. Es así que mientras los millones de Odebrecht duelen e indignan a los ecuatorianos, los miles de millones en ilícitos tributarios son ignorados.
Entre 2012 y 2016, los 200 grupos económicos más grandes del Ecuador sacaron al exterior aproximadamente USD 49 mil millones e introdujeron USD 35 mil millones. La diferencia, de USD 14 mil millones, equivale al 14% del Producto Interno Bruto (PBI), o aproximadamente el 50% del presupuesto general del Estado ecuatoriano para 2018. Este dinero que se quedó en guaridas fiscales, afecta a la recaudación tributaria y el desarrollo del país.
Esto quiere decir que existen problemas mucho más grandes que afectan a los bolsillos de los ecuatorianos. Y aunque debe existir cero tolerancia a la corrupción en todos los niveles del Estado sin importar la cifra, este no es el problema más grave. Es un producto de falencias estructurales causadas por la actual estructura y la liberalización (desregularización) del mercado financiero internacional.
Lo irónico es que, como dice el economista Juan Valerdi, “los que luchan contra la corrupción son amigos de los que hacen las operaciones”. En una economía neoliberal, al desregularizar el mercado y reducir el tamaño del Estado, la misma fiscalización y control para ‘luchar’ contra la corrupción serían imposibles. Para entender esto es importante recordar la crisis mundial del 2008 y cómo el lobbying (corrupción legalizada) causó el debacle financiero.
Anja Rohwer, del Instituto para Investigación Económica de la Universidad de Munich, arroja más luces sobre el asunto: la corrupción es “una variable que no puede ser medida directamente” y esto, según economistas de Harvard y el Massachusets Institute of Technology (MIT), representa un problema empírico, pues ¿cómo se puede cuantificar el problema de algo que por definición está oculto y no se puede ‘medir’?.
Esto no significa que se debe justificar o ignorar la corrupción, pero sí buscar la fuente del problema.
Inclusive en términos globales la corrupción no representa la mayor afectación. Según un reporte de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, el 63% del total de flujos ilícitos globales son generados por grandes bancos, transnacionales y élites económicas, el 37% por todo tipo de criminalidad, y solo el 3% corresponde a la corrupción gubernamental. Estos flujos financieros ilícitos (FFI) se entienden como movimientos de dinero entre países que han sido ganados, transferidos o utilizados de manera ilegal.
Para el economista Dev Kar, los FFI son las verdaderas razones que afectan a los países en desarrollo. En un reporte de Global Financial Integrity se estima que Ecuador, entre 2004 y 2013, perdió aproximadamente 25 mil millones USD en facturación fraudulenta. Es decir que el 98% de los FFI responden a la sub y sobrefacturación en aduanas. En 2017, para la region, éstos representan aproximadamente un 87%.
El impacto de las FFI es algo que el mismo Moreno entiende. En la primera reunión del Plenario del G77+China afirmó que “la evasión tributaria internacional es un problema que afecta mucho más a los países en desarrollo. Cada dólar que se pierde por la evasión fiscal representa menos recursos para financiar el desarrollo”. Entonces, ¿por qué no se han creado los ‘frentes’ anti-evasión de impuestos o anti-salida ilegal de capitales?
Si ha esta realidad sumamos el silencio sobre el tema de los medios de comunicación y políticos de oposición, se infiere que el discurso anticorrupción, entonces, no es una verdadera lucha para detener la corrupción, sino un arma política. A través de esta se ignora el rol del empresariado y las estructuras legales e ilegales que permiten el flujo ilícito de capital, manipulando así a la población.
Tan absurda es la situación que los voceros ‘anticorrupción’ son empresarios/políticos como Guillermo Lasso, excandidato a la presidencia del Ecuador, o las cámaras empresariales y gremios del sector privado que regularmente realizan fugas de capitales y al momento adeudan al Servicio de Rentas Internas casi USD 2.200 millones .
Es así que el discurso ‘anticorrupción’ se convierte en el ‘chivo expiatorio’ perfecto para desviar la atención a las falencias del sistema del que ellos se benefician. La fuga de capitales, impunidad al empresariado, inequidad estructural y explotación no tienen nada que ver. Los culpables son el Estado y la función pública.
Como lo explica Dan Hough, Director del Centro para el Estudio de la Corrupción en la Universidad de Sussex, esto genera un problema ya que la percepción común relaciona a la corrupción solo con el sector público.
En la región, la Organización de Estados Americanos (OEA) define un acto de corrupción como aquel relacionado con la función pública. Una lógica influenciada por las lógicas del neoliberalismo: se coloca toda la culpa de la corrupción en el sector público y se ignora activamente el rol que cumple el sector privado. El resultado es satanizar al Estado, con el fin de reducirlo.
A su vez las empresas privadas y los empresarios como voceros de la ‘anticorrupción’ brindan una imagen contrapuesta de transparencia. Esto se maneja discursivamente a que la conclusión ‘lógica’ sea privatizar al Estado y que este sea manejado por los empresarios. Cumpliendo así con cabalidad uno de los diez postulados del Consenso de Washington y su revisión posterior, receta del neoliberalismo para el ‘tercer’ mundo.
Si la lucha es honesta, debe empezar por aquellas estructuras que permiten y promueven la corrupción. En otras palabras, al ‘tomar al toro por los cuernos’ se evitarían figuras ambiguas como frentes anticorrupción y más demagogia. Una lucha real implicaría una fuerte reforma aduanera, políticas de cero-tolerancia a la evasión fiscal y la salida ilegal de capitales y fiscalización constante de los grupos económicos que más deberían reportar.
*Fuente: La Caja Negra
