Por José Antonio Vera, 1 abril 2018
El desplazamiento de las Fuerzas Armadas, de la trilogía que, desde la mitad del siglo pasado acaparó el poder en Paraguay, junto al Partido Colorado y al sector empresarial más pudiente, quizás sea el fenómeno político más relevante en este país en los últimos cinco años, a menos de un mes de las elecciones de las nuevas autoridades nacionales, en un clima fanatizado por la pelea por cargos, en ausencia de programas de rescate social y de candidatos de calidad.
El segundo elemento a tener en cuenta tiene que ver con la política económica del gobierno de Horacio Cartes, impulsor a ultranza de la incursión en el país de capitales privados extranjeros, sin importar su origen y planes de inversión, con grosera desatención de las urgencias sociales y un irresponsable endeudamiento externo que, en los cuatro años que lleva en el Ejecutivo, suma más de siete mil millones de dólares, con intereses a pagar cada seis meses, compromiso que difícilmente pueda ser respetado.
El tercer elemento de mayor influencia en la vida nacional paraguaya de la actualidad, tiene que ver con la narcopolítica, que se ha instalado fuerte en la puja electoral, financiando a numerosos candidatos en todos los niveles institucionales, en particular a los aspirantes a ocupar poltronas en ambas cámaras, así como en el fantasmagórico Parlasur.
No por marginado menos útil al modelo imperante, el Ejército se mantiene expectante, casi somnoliento, satisfecha su jerarquía de mando por integrar las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), que tiene por misión “combatir la guerrilla y el narcotráfico”, tarea absolutamente incumplida, aunque su alta oficialidad diga lo contrario, en una postura tozuda que desacreditan las evidencias, tras ocho años de una decisión estatal fallida, que ha agravado la corrupción interna de la institución, enriqueciendo a la mayor parte de los altos oficiales, comprometidos en prácticas contrabandistas bien conocidas.
Asesorada por expertos de Estados Unidos, Israel, Colombia y otros gobiernos, las FTC carecen de legitimidad social, militarmente son un fracaso e insumen un costo financiero exorbitante frente a las urgentes necesidades de inversión estatal para atacar los acuciantes problemas de la salud pública, con hospitales vaciados de lo mínimo, de la educación, laica pero abriendo las aulas con el Padre Nuestro, y con locales que, casi uno por semana, ve derrumbarse los techos o paredes, complicando aún más el panorama, un transporte urbano calamitoso, un desempleo creciente, el 40 por ciento de la población en situación de pobreza y un tercio en extrema miseria, frente al autismo del universo co partidario.
El nuevo Embajador de Estados Unidos, Mc Clenny, procedente de Venezuela, en su primer discurso anunció que trae la misión de ayudar al gobierno a combatir la guerrilla, hipócrita pretexto para disimular que su función es influir para reforzar la represión del campesinado y de las luchas populares, en un territorio de 400 mil kilómetros cuadrados deforestado, y con muchas desigualdades sociales y lacerante injusticia.
Menos cinismo sería insinuar, al menos, que viene a rubricar los acuerdos suscriptos semanas atrás por el Pentágono con los gobiernos de Argentina y Brasil, para instalar una base en la Triple Frontera con Paraguay, relanzando la Doctrina de Seguridad Nacional que, desde 1964 oficializó la irrupción de las tiranías militares-oligárquicas que asolaron Suramérica durante tres décadas, legando cimientos para retornar oportunamente, como ya lo están haciendo con la militarización criminal de Rio de Janeiro.
La novedad es que ahora la inclinación imperial por los regímenes militares se viene asomando sin necesidad de tener a un general impresentable como presidente, sino a un pelele civil, del tipo Michel Temer, Mauricio Macri o Sebastian Piñera.
Desde hace más de una década se habla de guerrilla en Paraguay. Testimonios diversos y muy desprolijos, señalan como cabeza al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), presunta prolongación del Partido Patria Libre, de corta vida por los noventa, con membrecía juvenil e improvisada, duramente reprimida por la policía, que llegó a secuestrar y torturar a su líder Juan Arrom, entregado por un infiltrado, y liberado tras una intensa campaña de denuncias de sus familiares. Amenazado de muerte, optó por el exilio y sus bases serían las que dieron nacimiento a un pequeño aparato armado, supuestamente atrincherado en las zonas nororientales, sojeras y ganaderas, próximas a Brasil.
De inmediato, el enjambre mediático-policial comenzó a encontrar al EPP en los más mínimos delitos, desde el asalto a un pequeño banco en un desapercibido pueblo del interior, por el que varios autores, o inocentes, aún están presos, hasta una media docena de secuestros de estancieros, primero de un joven policía en el 2014, por quienes sus familiares acusan al gobierno de total desinterés por encontrarlos, “vivos o muertos”. Otros secuestros, con extorsión, se han producido en estos últimos cinco años y, sin que exista una investigación responsable, el Ministerio Público persiste en culpar siempre al EPP.
Lo concreto es que, mientras se prolonga el calvario de sus familiares, estos son víctimas permanentes de abusos, pagando gruesas sumas de dinero a grupos armados que se presentan con la sigla EPP, además de soportar todo tipo de chantajes, incluso de miembros de las propias FTC, como lo han denunciado. El nada confiable Fiscal Joel Casal, seriamente comprometido en la represión campesina, dijo días atrás a la prensa que esa organización subversiva posee hoy entre un millón a un millón 500 mil dólares en caja, producto de sus extorsiones, dejando entrever que se trataría de una banda delictiva, lo cual derriba la versión oficial de la guerrilla, que el mínimo pudor traduce por entelequia.
Lo curioso es que la terrible amenaza a la seguridad social que provoca un grupo de guerrilleros, de los cuales hay un par de dirigentes confesos que están en la cárcel desde hace varios años, al igual que una veintena de campesinos inocentes, jamás han protagonizado un enfrentamiento armado con el Ejército, ni se conoce un documento oficial con su fundamentación ideológica.
Salvo en un primer tiempo, hace 15 o 20 años, cuando aparecieron algunas arrugadas hojas manuscritas en locales públicos, incluso en pasillos del Ministerio de Justicia, proclamando su adhesión al socialismo, la presentación en sociedad del EPP está limitada a muy interesados despachos de prensa que recrean materiales para llenar espacios que, con marcado sensacionalismo, difunden diversas acciones ilícitas operadas por el EPP, que sirven de argumento para que paramilitares asesinen campesinos, y el gobierno ordene arrasar humildes rancheríos de las familias de labriegos, forzando su abandono del campo en beneficio de los grandes grupos transnacionales del agronegocio.
En síntesis, las FTC no han terminado con los secuestros y extorsiones de empresarios rurales, cuya autoría siempre se le cuelga al EPP, y mucho menos con el narcotráfico, que es su segundo objetivo, porque en estos casi cinco años del ejercicio de Cartes, esa actividad ha tomado rasante vuelo y sus actos y ajustes de cuenta entre capos, ya tienen a Asunción como uno de sus escenarios de muertes, al igual que las ciudades fronterizas con Brasil, invadidas por paramilitares contratados por la mafia.
Consecuencia de ello, la narcopolítica se ha instalado en la economía nacional, con su corolario de corrupción, alimentando aparatos partidarios y a numerosos postulantes a los cargos de los tres poderes del Estado, conformando una Trinidad legalizada, jamás legítima, compuesta por el núcleo más duro de las grandes fortunas, el Presidente Cartes y el Partido Colorado, que tiene firmes posibilidades de continuar al frente del país.
Esa derivación no es nueva, pero con Cartes ha tomado un protagonismo impune tan fuerte que ha desplazado a las Fuerzas Armadas del poder que ejerció durante los 35 años de la tiranía del Comandante en Jefe, General Alfredo Stroessner, miembro fundacional del Plan Cóndor, en sociedad criminal y rapiñera, con los genocidas de Chile Augusto Pinochet, de Argentina Rafael Videla, de Bolivia Hugo Banzer y de Uruguay Gregorio Alvarez, apuntalados todos por sus colegas de armas y bajo la batuta de Estados Unidos.
El camino por el cual transita la tortuosa actividad política paraguaya, fue abierto hace 29 años, manteniendo el Ejército su supremacía en la vieja Trinidad, con la diferencia que debió aceptar a un nuevo actor y de mucho peso, como Estados Unidos, operador directo del desplazamiento y reemplazo de Stroessner, grosera e inteligente injerencia que impulsó y financió la creación de cientos de ONG, contratando al grueso de los más entusiastas opositores, estrategia que descabezó un embrión de cuadros políticos progresistas, en un astuto plan que intentó minimizar convocando a elecciones nacionales para darse imagen democrática, máscara que duró hasta el 2003, cuando ganó la presidencia Nicanor Duarte Frutos y, a su término, Fernando Lugo en el 2008.
En el 2013, tras el quiebre institucional del año anterior, con el Golpe Parlamentario del Partido Liberal Cartesianizado, que derrocó al exObispo, la desestabilización del país se legalizó con el aporte del propio Lugo y su anillo obediente que decidieron, contradictoriamente, participar en las elecciones nacionales que ganó fácilmente Cartes, conocido empresario multimillonario, sin trayectoria política, acusado desde varios ángulos de ser el principal contrabandista de cigarrillos de Suramérica, y miembro de una asociación regional delictiva, que incursiona en el tráfico de estupefacientes y otras mercaderías, de acuerdo con informes públicos de servicios de espionaje de Estados Unidos.
Expresión nítida de la mediocridad política ambiente, el domingo 22 de este mes, la Alianza GANAR, conformada por el Partido Liberal y el Frente Guasu que lidera Lugo, con la inversión de papeles, pues en esta ocasión, a diferencia del 2008 un liberal, Efraín Alegre, encabeza la fórmula presidencial y Leo Rubin va de Vice en representación de la corriente luguista, contra el candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, con supremacía financiera y de ocupación de los tres poderes del Estado por Horacio Cartes.
