Resumen Latinoamericano / 20 de septiembre de 2018 / Misión Verdad
Una nueva escalada de acciones diplomáticas y militares contra Venezuela comenzó esta semana en Colombia. Como ya hemos señalado anteriormente, el gobierno colombiano ha dado serios indicios en los últimos meses de que está dispuesto a asumir el costo de una agresión directa contra su vecino geohistórico. Los intereses del gobierno y los poderes fácticos colombianos se unen en este objetivo.
Pero los consensos internos no están dados ni con los sectores revolucionarios, ni con los progresistas, ni con algunos sectores de la burguesía colombiana. El propio uribismo presenta matices.
Mientras Álvaro Uribe y sus cuadros en el gobierno asumen frontalmente la voluntad de involucrar a Colombia en una agresión militar, Duque y su canciller son más parcos en el habla. Luego de que el gobierno colombiano se negara a firmar la declaración con la que el Grupo de Lima se deslindó de las declaraciones que hiciera Luis Almagro -precisamente desde Cúcuta-, la cancillería colombiana dio declaraciones muy imprecisas sobre las razones por las que decidió no desmarcarse del Secretario General de la OEA.
Mientras el canciller Holmes habló de mantenerse en la vía diplomática, el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos -quien fuera el vicepresidente de la era “Uribe”, Francisco Santos- declaró públicamente que no debe descartarse una acción militar contra Venezuela. El día anterior, el senador estadounidense Marco Rubio había solicitado “aumentar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia militar y en la búsqueda de pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro”.
El embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, por su parte dijo la semana pasada a la prensa que, en caso de una agresión desde Venezuela, su país defendería a Colombia. Estas palabras reafirman que el argumento de la “intervención militar por razones humanitarias” se ha venido desmoronando por las declaraciones de la ONU, la precipitación de Almagro que obligó al Grupo de Lima a deslindarse y sobre todo por el éxito del Plan Vuelta a la Patria.
Fracasada aquella narrativa, el gobierno colombiano ha recibido instrucciones para retomar los falsos positivos, que no han cesado desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder en Venezuela.
Tan solo en el último mes, el gobierno colombiano ha denunciado dos supuestas incursiones de militares venezolanos en su territorio. En agosto acusó a la FANB de violar el espacio aéreo colombiano y en septiembre de incursionar por vía fluvial y supuestamente secuestrar a tres ciudadanos colombianos. Ambas denuncias han recibido sendas respuestas de la cancillería venezolana que no ha dudado en calificarlas como operaciones de bandera falsa o falsos positivos.
Colombia ha sido conminada por Estados Unidos para asumir ese papel, pero también hay intereses por parte de grupos de poder en ese país que pugnan por la acción. Una de esos intereses es el de la ruta de acceso al Mar Caribe por el Lago de Maracaibo, un interés geoestratégico que data desde la época en que la entonces Capitanía General de Venezuela convirtió a Maracaibo en el puerto principal del oriente neogranadino y el occidente venezolano.
El café y todos los productos de la minería colombiana -en manos casi exclusivas de capitales transnacionales-, pero sobre todo el carbón, encontrarían en el Lago de Maracaibo una salida al Caribe mucho más cercana y accesible que los propios puertos colombianos.
Pero además el gran negocio del narcotráfico que tiene en Colombia el principal productor de cocaína del mundo también anhela dominar esa salida comercial. Esto significa que hay otros intereses foráneos en el proyecto de apoderarse de lo que el presidente Chávez denominó “la media luna” y pujan por la intervención militar contra Venezuela.
Otro interés estratégico, es sin duda, el combustible. Según un informe de la Contraloría General de Colombia, este país perderá su capacidad de autoabastecerse de combustible en el año 2021, pero ya a partir del año entrante (2019) la declinación de la producción comenzará a sentirse en su economía.
De ser exitosa, una intervención militar en Venezuela daría la posibilidad de controlar las mayores reservas petroleras probadas del mundo y compensar con creces la declinación de la producción petrolera colombiana.
Este combustible, además, es también materia prima para el procesamiento de la coca a razón de 166 galones de gasolina por cada kilogramo de cocaína producido, de modo que la gasolina es doblemente estratégico para una economía que sobrevive también gracias al narcotráfico.
Por estas razones el Estado colombiano parece estarse preparando para iniciar una acción unilateral desde la narrativa de la defensa de su seguridad nacional que, una vez iniciada, contará con el apoyo de los Estados Unidos.
La presión más fuerte para que esta acción se realice viene del gobierno norteamericano, los diferentes sectores de ultraderecha de la oligarquía colombiana y, obviamente, del propio Álvaro Uribe Vélez, quien trata de demostrar que en el pasado solo le “faltó tiempo” para invadir Venezuela, aunque la verdadera razón fue claramente develada por el mismo Comandante Chávez y tal parece que esa razón sigue teniendo vigencia histórica.
