Resumen Latinoamericano / 20 de septiembre de 2018 / Luis Arce Borja, La Haine
El esquema mafioso en Perú no solo es el fujimorismo, como algunos pretenden
¿Existe alguna salida a esta crisis? Esta situación no tiene ninguna salida con las actuales normas políticas y jurídicas vigentes en Perú. Pedir, “asamblea constituyente”, “consulta popular”, “referéndum”, o reforma de la constitución que ahora se presenta como pomada milagrosa para salvar el Perú, no sirve absolutamente para nada.
Este planteamiento demagógico es un recurso inescrupuloso organizado por los grupos políticos que actualmente controlan el Estado, el parlamento y el poder judicial. Incluso algunos han propuesto “adelantar las elecciones”, como si ello sería la respuesta justa para la crisis peruana.
Todas esas fórmulas al vandalismo político de este país, son parte de una conocida letanía que se usa cada vez que el sistema ingresa a un periodo de aguda decadencia. Este tipo de “soluciones” han sido utilizados desde el origen de la República. En 1821 se declaró la independencia del Perú. Ese hecho histórico fue aprovechado por individuos ambiciosos y sin escrúpulos para apoderase de este país. Como decía José Carlos Mariátegui, llegaron al poder personajes mediocres, “producto de un espíritu engendrado y alimentado” por el régimen, virreinal, colonial. De ahí para adelante transitaron por el gobierno sórdidos personajes, militares o civiles, provenientes de los más bajos fondos de la sociedad.
La lucha contra la corrupción, no puede dejar en manos de los propios responsables de esta situación. Creer que las mafias en el poder, pueden luchar contra la inmoralidad, y la corrupción en los órganos del Estado, es como pensar que las bandas de delincuentes y criminales pueden ellos mismo erradicar el flagelo delincuencial en las sociedades actuales. En Perú la corrupción no se refiere solamente a jueces y fiscales comprometidos con el narcotráfico, el lavado de dinero sucio, y otros delitos. La corrupción en el sistema judicial, está ligado a la estructura del Estado y al sistema político actual. La conexión entre jueces y políticos mafiosos, hace parte de la estructura de poder.
¿Martín Vizcarra, es la persona idónea para ponerse al frente de una cruzada contra la corrupción?
Absolutamente no. Este individuo llegó a la presidencia en una combinación mafiosa para proteger al corrompido Pablo Kuczynski que fue descubierto en negocios mafiosos con la empresa brasilera Odebrecht S.A. De esa manera Martín Vizcarra encubría al anterior presidente y sostenía el sistema político corrompido en Perú. « Juro por Dios y por la Patria », dijo el presidente actual (22 de marzo 2018), cuando el fujimorista Luis Galarreta, en esos momentos jefe del congreso peruano le colgara en el pecho la banda presidencial que lo hacía oficialmente mandatario de esta nación en bancarrota moral.
Martín Vizcarra, tiene actualmente 48 acusaciones penales en la Fiscalía Anticorrupción Penal de Moquegua (1). Este llegó a la presidencia en reemplazó de Pablo Kuczynski (PKK)(2). Ello fue una decisión de los partidos políticos más corrompidos del país. Fue la banda fujimorista, el APRA, y la “izquierda” peruana, los que aceptaron que este personaje con serias acusaciones por corrupción llegara a la presidencia. El cambio presidencial entre Vizcarra y Kuczynski fue un fraude y no una posibilidad de sacar al Perú de la crisis moral en la que se encuentra.
Se hacen ilusiones aquellos que piensan que el parlamento controlado por mafiosos, y el gobierno en manos de un presidente prontuariado pueden ponerse al frente de una reforma contra la corrupción. Actualmente el congreso peruano, integrados por 130 autodenominados « legisladores », (acusados de narcos, robos, plagios, coimas, etc.), discute la reforma de la constitución. El problema de estas « discusiones », es que ellas son presididas por Rosa María Bartra, nada menos que representante de Fuerza Popular, un partido del narcotráfico dirigido por Keiko Fujimori.
No es solo el fujimorismo
Pero el esquema mafioso en Perú no solo es el fujimorismo, como algunos pretenden presentar este problema.
En la corrupción están todos los partidos políticos. Ninguna organización política está excluida de escándalos, robos y manos manejos. Algunos ejemplos: El Partido Aprista Peruano (APRA), sus dirigentes, en especial Alan García, han acumulado un paquete de denuncias penales por corrupción, crímenes y otros delitos. Acción Popular (AP), durante el fujimorismo recibió financiamiento de Vladimiro Montesinos, provenía del narcotráfico internacional. Nadie se salva y la misma izquierda está envuelta en asuntos de corrupción. El Partido de Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pablo Kuczynski (PKK), y otros están denunciados por delitos de corrupción desde el Estado.
En el Perú, de izquierda o la derecha, no existe una sola organización política que pueda asumir un cambio de calidad para enfrentar la corrupción generalizada en las instituciones del Estado y la administración. La trayectoria de la derecha y la “izquierda”, son parecidas en un terreno minado por la inmundicia política. En los negociados políticos, y en la complicidad con gobiernos criminales y corrompidos estuvieron en primera línea, no solo las organizaciones de la burguesía, sino también la “izquierda”, que desde hace décadas se ha convertido en mercenarios de los grupos de poder.
La “izquierda” peruana, hay que anotarlo, desde hace mucho tiempo abandono cualquier escrúpulo político. Si alguna vez en su trayectoria creo expectativa popular, eso corresponde al pasado. Ahora, lejos de sus proclamas hipócritas sobre socialismo, comunismo, etc., se ha convertido en miserables payasos del sistema de explotación y corrupción impuesto por los grupos de poder.
Esta izquierda, colaboró intensamente con los gobiernos civiles y militares. Fueron el soporte de candidatos electorales mafiosos como fue el apoyo que brindaron a individuos como Alan García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pablo Kuczynski y el actual presidente Martín Vizcarra. Esta izquierda desde los municipios, las ONG, el parlamento, y otras instituciones, estuvieron en primera fila para colaborar con los regímenes corrompidos del momento. Han sido cómplices de horrendos crímenes contra la población cometidas entre 1980 y el 2000.
En el terreno de la corrupción, esta izquierda actúa con la misma inmoralidad que la derecha más inmunda y tradicional. Una de sus lideresas, Susana Villarán ex alcaldesa de Lima (periodo 2011-2014) enfrenta actualmente un juicio penal por ser la cabecilla de corrupción en el Municipio limeño. Es acusada de haber recibido tres millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de entregar adjudicaciones millonarias por obras públicas en Lima.
Verónica Mendoza, ex candidata presidencial de la “izquierda”, fue una admiradora y militante del partido de Ollanta Humala. Llegó al parlamento gracias al Partido Nacionalista Peruano (una organización de los esposos Ollanta Humala y Nadine Heredia). Cuando este militar ya estaba acusado de haber cometido crímenes para proteger al régimen fujimorista, Mendoza declaraba su admiración por Ollanta Humala.
Ella se dice de izquierda, pero fue brazo derecho de la ex primera “dama peruana”, Nadine Heredia (esposa de Humala), hace poco en prisión, y que ahora enfrenta varios juicios penales por lavado de activos (dinero sucio) provenientes de diferentes fuentes, entre ellos las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Verónica Mendoza, en las elecciones del 2016, proclamó que en nombre de la democracia y para poner freno a la corrupción, había que votar por Pablo Kuczynski. “Solo queda marcar por PPK», dijo ella en mayo 2016.
Cuando Martín Vizquerra, se convirtió en presidente, la señora Mendoza, con la misma ligereza que apoyo a Ollanta Humala y a Pablo Kuczynski, dijo que Martín Vizquerra tiene la » oportunidad de ponerse al frente de cambios urgentes y luchar contra la corrupción » (palabras de Verónica Mendoza, lideresa de « izquierda » de Nuevo Perú, publicado en El Comercio, 28 de marzo, 2018).
El sistema electoral peruano ilegal
Ningún partido peruano rechaza el sistema electoral corrompido. Se sienten protegidos con ese montaje ilegal de los bajos fondos. Un delincuente, un narcotraficante o cualquier inmundicia social no tienen ningún impedimento para ser candidato presidencial, parlamentario, u otro puesto público en el Estado.
No es una casualidad que partidos y parlamentarios del narcotráfico, el crimen organizado, y la corrupción controlen el parlamento. De 130 congresistas, Fuerza Popular (el partido de la familia Fujimori), tiene 70 representantes lo que le da el control absoluto del congreso. El presidente del congreso es Daniel Salaverry, un militante del partido de Keiko Fujimori. Muchos medios de comunicación han publicados en 2018, títulos como el “Congreso y la sombra del narcotráfico”.
El sistema electoral actual en Perú, es el mismo que desde hace décadas se utiliza para que cualquier bandido se instale en el palacio presidencial. Por mencionar solo dos ejemplos: En 1990 ganó la contienda electoral Alberto Fujimori. En medio de la carrera electoral, se descubrió que este candidato había cometido delitos de carácter penal (estafa en ventas privadas de casas, evasión de impuestos, y corrupción en la Universidad donde Fujimori había trabajado. Nada de ello impidió que llegara a la presidencia del Perú, apoyado con los votos de la “izquierda” de este país, que de la noche a la mañana lo convirtió en candidato popular, de izquierda, antiimperialista y “tercermundista”).
Otro ejemplo es Alan García, quien entre 1985-1990 fue promotor y jefe del criminal grupo paramilitar “Rodrigo Franco”. Este grupo que funcionaba desde el ministerio del Interior asesinó cerca de una centena de ciudadanos peruanos. En el mismo periodo García acumuló una decena de juicios penales por robos, coimas, latrocinios desde el Estado, además del asesinato masivo de 300 prisioneros políticos (18 y el 19 de junio de 1986). El abultado currículo penal de García, no impidió que en el 2006 hasta el 2011 sea por segunda vez presidente del Perú. Pero García, no se ha retirado de la política, sigue siendo líder del corrompido partido aprista (APRA) y gracias a las bondades del sistema electoral se prepara para ser nuevamente candidato presidencial en el 2021.
Un ejemplo de mafia electoral en Perú, es la facilidad que reciben organizaciones ligadas al narcotráfico para que actúen legalmente y participen en los comicios electorales. Una muestra de ello, es el partido Fuerza Popular (FP). Esta organización es de la familia Fujimori, que en Perú es sinónimo de robos, crímenes, narcotráfico, y otros. Sus líderes, en especial Keiko Fujimori y su hermano Kenji Fujimori, están acusados de blanqueo de dinero sucio, de vínculos con las mafias de la droga, y corrupción de funcionarios para lograr beneficios políticos. FP está ligada directamente a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, dos criminales que durante 10 años se apoderaron del Perú y cometieron crímenes y robos. Ambos están acusados de haber pertenecido al narcotráfico local e internacional. Los recursos económicos de esta organización son enormes y gran parte proviene de la droga acumulada durante 1990-2000. Otras de sus riquezas se originan en inversiones en la pequeña minería (cuyos inversionistas usan dólares de las drogas), exportaciones y diversos tipos de empresas que sirven de camuflaje. Este partido ha cambiado varias veces de nombre (Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecinos, Perú 2000, Fuerza 2011, y actualmente Fuerza Popular).
Qué hacer frente a este problema
No hay recetas prefabricadas para acabar con la podredumbre política en Perú. En breve, una solución a la crisis del sistema político peruano, conlleva análisis, la reflexión y sobre todo a la voluntad y decisión de crear un instrumento de conducir una lucha de gran envergadura contra la explotación, el hambre y la miseria de la población. Y sobre todo exterminar el bandidaje político, el saqueo de las riquezas por las transnacionales. Plantearse con las masas. Liquidar ese sistema que ya no da más, en su reemplazo construir otro. Luchar por país justo, democrático, de derecho donde se respete la dignidad, la libertad, y el derecho de los ciudadanos.
Por el momento al pueblo peruano no le queda otro camino que:
-Por dignidad, no tiene que involucrase con ningún partido del medio oficial. Vomitar sobre la derecha y la izquierda mercenaria.
-Rechazar cualquier tipo de elecciones convocadas por los bandidos que están ahora en el gobierno, congreso, palacio de justicia, y otras instancias.
-Luchar en las bases, bajo el mismo estilo y método que el pueblo peruano ha utilizado durante cientos de años para hacer retroceder al patrón, al propietario de la tierra, al capitalista, al militar criminal, al policía abusivo, al matón y al bandido que se viste con corbata.
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Notas:
(1). En 2015 la Procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua (sur del Perú), presento 48 denuncias penal contra Martín Vizcarra. Lo acuso de que en el tiempo que fue presidente regional, había cometido serias irregularidades en la aprobación del proyecto “Construcción y mejoramiento del Hospital de Moquegua”.
Las denuncias contra Martin Vizquerra. Estos corresponden a negociados en el proyecto de construcción y mejoramiento del Hospital de Moquegua. Entre ellas, recibir comisiones en diversas compras, coimas, falsas facturas de alimentación ilegalidad en la renovación de un colegio (más de 10 millones), corrupción en la compra de motocicletas, y dudosos préstamos para inversión por más de 10 millones. Todos esos actos que muestran la moral delincuencial del actual presidente peruano, fueron cometidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Vizcarra, como vice presidente de Kuczynsk (2016 a 2018) apoyo el indulto del mafioso Alberto Fujimori otorgado en diciembre del 2017 por Pedro Pablo Kuczynski.
(2). La historia de Kuczynski es bastante conocida, varias veces ha sido acusado penalmente. La más conocida es la del 1968, cuando huyo del país para no ir a la cárcel. En ese tiempo era gerente del Banco de Reserva del Perú. Desde ahí ilegalmente entregó más de 105 millones de dólares a la transnacional americana Internacional Petroleum Company (IPC).
Gracias a jueces y autoridades corruptas, regresó al país como si nada hubiera paso. En el 2001 se insertó en el gobierno corrompido de Alejandro Toledo. Dos veces seria ministro de Toledo ahora prófugo de la justicia acusado por robos, coimas y otros delitos.
Gracias a jueces y autoridades corruptas, regresó al país como si nada hubiera paso. En el 2001 se insertó en el gobierno corrompido de Alejandro Toledo. Dos veces seria ministro de Toledo ahora prófugo de la justicia acusado por robos, coimas y otros delitos.
