Luis Britto García
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Se nos invita a formular propuestas para vencer la crisis. Ésta no
existiría si se hubieran aplicado desde el principio las propuestas
siguientes.
La primera es la irreductible defensa de la soberanía contra todo
sometimiento de Venezuela a cortes, tribunales u órganos
jurisdiccionales extranjeros.
Es imprescindible que la explotación de recursos naturales se realice
en lo posible con recursos propios o con empresas donde Venezuela
conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la materia sean
objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se realicen
sólo con empresas que hayan demostrado sobrada capacidad técnica y
financiera y presenten expedientes irreprochables de relaciones con el
Estado; que en lo posible tales empresas no tengan su asiento
principal en países que hayan mostrado inusual y extraordinaria
actitud de amenaza contra Venezuela, y que en los acuerdos con
empresas extranjeras no se concedan privilegios, beneficios, ventajas,
exenciones de impuestos, regímenes de estabilidad tributaria o de
sometimiento a tribunales extranjeros, ni créditos u otorgamientos de
recursos que no rigen para las nacionales.
Se debe respetar rigurosamente el artículo 301 de la Constitución,
según el cual “No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos
extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los
nacionales”; o sancionar en la Asamblea Nacional Constituyente una
norma nacionalista más exigente todavía.
El repunte del crudo a más de 67,15 $ por barril nos dota de piso
económico para recuperar la producción por encima de los dos millones
y medio de barriles diarios, y asegurarnos un espléndido futuro.
Pero para costear las políticas sociales urge una reestructuración
del sistema financiero interno, con aplicación integral del principio
de territorialidad de la renta, lo cual requiere denunciar los
Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales empresas
y personas extranjeras que obtienen ganancias en nuestro país no pagan
impuestos en él, sino en sus países de origen, dejando así de cancelar
unos 17.800 millones de dólares anuales, mientras que los venezolanos
sí debemos cancelar pesados tributos para facilitarles su gestión
económica y costear la formación y salud del personal y el
funcionamiento de los servicios públicos que la hacen posible.
Se debe sancionar una reforma tributaria que aplique el principio de
progresividad a los grandes contribuyentes, y alivie el neoliberal
Impuesto al Valor Agregado que exacciona a los menos pudientes.
Estos recursos no pueden ser dilapidados en suministrar dólares
preferenciales y transferir el ingreso nacional a la docena de
empresas que maneja en forma monopólica el 80% de la importación y
distribución de bienes básicos. El Estado debe asumir plenamente esta
tarea.
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Para vencer la crisis, sanear la administración pública. Reinstaurar,
mediante las actuales técnicas informáticas, el control previo,
posterior y concomitante sobre el cumplimiento de las metas, programas
y objetivos de los presupuestos públicos, con sanciones
administrativas, civiles y penales para el caso de incumplimiento
injustificado de ellos.
Tal control debe abarcar tanto la administración central, como el
complejo universo de los institutos autónomos, fundaciones, empresas
del Estado e intereses del Estado en empresas privadas, así como a los
estados, municipios y comunas.
El saneamiento de la administración requiere transparencia, publicidad
total y sanción ejemplar sobre las infracciones infracciones y
complicidades que determinaron la transferencia de más de 60.000
millones de dólares a empresas de maletín que realizaron importaciones
fantasmas.
En contrapartida, se debe instaurar para las empresas privadas un
sistema de contabilidad informatizado obligatorio unitario, uniforme y
transparente, que permita seguir en tiempo real todas sus operaciones
económicas y establecer relación entre costos de producción, precios y
márgenes de ganancias, para evidenciar y sancionar actividades
ilegales y especulativas.
Mediante la aplicación caprichosa de tasas de cambio arbitrarias y
fantasiosas fijadas por páginas web foráneas, un grupo de empresarios
ha destruido el valor del bolívar y desatado una hiperinflación que
estanca las actividades económicas y desploma el nivel de vida. La
“liberación” de precios es el arma de destrucción masiva de la guerra
económica neoliberal, disparada por un mínimo oligopolio de
intereses. En legítima defensa de la población, el gobierno tiene el
derecho y el deber de fijar la tasa de cambio legal así como los
precios máximos de bienes y servicios, de controlar rigurosamente el
cumplimiento de tales regulaciones, y de asumir el control de las
actividades y ramas económicas que se muestren incapaces de satisfacer
las necesidades del público.
Colaboran en la agresión contra nuestra moneda muchos integrantes del
sistema bancario, responsables en buena medida de la desaparición
física del papel moneda y de la confiscación fáctica del dinero del
público negándole el retiro del mismo o reduciéndolo a cantidades
irrisorias. Es indispensable que el Estado aplique rigurosamente la
Ley de Bancos, y que asuma aquellas actividades crediticias que la
banca privada no quiera o no pueda ejercer.
Tales medidas han de ser complementadas con el control riguroso y la
erradicación tanto de redes ilegales de acaparamiento y especulación con
bienes subsidiados, como de organizaciones criminales constituidas a
tal efecto.
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Venezuela dispone de recursos culturales, humanos y naturales
suficientes para vencer la crisis, reponer la producción, recuperar
las políticas sociales y fundar un nuevo sistema monetario con
respaldo.
Es imprescindible que ello se realice con recursos propios o empresas
donde Venezuela conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la
materia sean objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que
se realicen sólo con empresas que hayan demostrado sobrada capacidad
técnica y financiera y presenten expedientes irreprochables de
relaciones con el Estado; que en lo posible tales empresas no tengan
su asiento principal en países que hayan mostrado inusual y
extraordinaria actitud de amenaza contra Venezuela, y que en los
acuerdos con empresas foráneas no se les concedan privilegios,
beneficios, ventajas, exenciones de impuestos, regímenes de
estabilidad tributaria o de sometimiento a tribunales extranjeros, ni
créditos u otorgamientos de recursos que no rigen para las nacionales.
Sin frontera no hay soberanía. Se ha de instaurar un sistema de relevo
periódico y frecuente del personal y mandos militares encargado de
controlar el
contrabando de extracción, con medidas rigurosas que pueden comprender el
cierre temporal o prolongado de fronteras, para evitar que por ellas
constantemente salgan bienes básicos indispensables e ingresen
paramilitares indeseables.
Ante las amenazas y componendas diplomáticas de autoridades de otros
países, el incremento en ellos de bases militares extrañas a la región
y la ejecución de ejercicios bélicos intimidatorios, el gobierno tiene
el derecho y el deber de adoptar extremas medidas de movilización
general para colocar al país en situación de eficaz e impenetrable
defensa contra cualquier agresión externa o interna, de guerra
convencional o no convencional.
Las amenazas externas contra Venezuela hacen indispensable que ésta
apruebe normas que limiten el acceso a cargos de importancia
estratégica a personas que tengan otras nacionalidades, y sancionen a
quienes actúen contra los intereses de nuestro país como traidores a
la Patria, aun cuando tengan otra nacionalidad.
Venezuela debe preservar y ampliar su política internacional centrada
en el anti imperialismo, la no alineación, la multipolaridad, la
integración latinoamericana y caribeña y la solidaridad entre los
pueblos.
Para explicar y hacer eficaces tales políticas, es imperativa una acción
cultural, educativa y comunicacional intensiva para consolidar a la población
en torno de los valores de identidad, unidad, socialismo y
nacionalidad, así como para integrar y asimilar a los vastos
contingentes humanos que han ingresado en las últimas décadas a
nuestro país.
Venceremos, pero sólo si lo intentamos.
LUIS BRITTO GARCÍA
