Carlos E. Lippo
“Si el sistema capitalista nos ataca es porque somos un peligro para las élites"
Gustavo Borges Revilla, analista político venezolano, director del sitio de investigación Misión Verdad
Tal
como hemos venido señalando en anteriores trabajos, una guerra de
cuarta generación en su variante financiera nos ha venido siendo
aplicada por el imperio desde hace ya muchos años, tantos como los años
transcurridos desde que el Comandante Chávez declarase de manera expresa
el carácter anti imperialista de nuestra revolución, a mediados del año
2004 (1).
Las
principales puntas de lanza del imperio en el desarrollo de la guerra
bajo esta variante fueron al inicio las llamadas empresas “calificadoras”
de riesgo financiero: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, entre las
más connotadas, las cuales sin ningún vestigio de escrúpulos ni de
profesionalismo, establecieron el llamado “riesgo país” de
Venezuela en niveles muy superiores a los que ellas mismas establecían
para otros países de la región con economías comparables a la nuestra,
como Colombia, pero agobiada en aquel entonces por una guerra interna de
más de medio siglo y hasta de países con economías mucho más pequeñas,
como Jamaica y Panamá, no exportadoras de petróleo ni de ningún otro
recurso estratégico, por añadidura. Y todo ello en una época en la
cual nuestro país, que se encontraba en absoluta paz, había logrado que
le certificaran las mayores reservas de hidrocarburos del planeta y
disfrutaba de unos precios mundiales del petróleo superiores a los 100
dólares por barril.
Al
atribuir a nuestro país, por razones estrictamente políticas, un nivel
de riesgo financiero muy por encima del que realmente debería tener con
base en criterios de orden económico y financiero, se le hizo víctima de
forma casi inmediata de un fuerte impacto adverso caracterizado por:
- Una casi absoluta falta de participación del “capital productivo internacional” en proyectos de inversión no vinculados a la producción de hidrocarburos, de la cual logramos sobreponernos gracias a la participación de países amigos, que como China, Rusia, Bielorrusia e Irán, han venido invirtiendo en una gama importante de proyectos en diferentes áreas.
- Un continuo y progresivo encarecimiento de la deuda externa en divisas que se ha vio precisado a contraer el país con los agentes del mercado internacional para financiar proyectos de inversión, por tener muy poco o ningún acceso a créditos de los organismos multilaterales controlados por los Estados Unidos (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), por negarse a aceptar las condiciones de entrega de la soberanía económica que tales organismos exigen.
Las condiciones para el acceso a los mercados financieros internacionales se fueron haciendo tan “leoninas”
bajo la acción de las calificadoras de riesgo, que PDVSA tuvo que dejar
de emitir títulos de deuda en divisas en el año 2009 y la República en
el 2011, conformándose de esta manera una especie de bloqueo financiero
virtual a Venezuela promovido por el imperio; bloqueo que se hizo
absolutamente real con la emisión de una orden ejecutiva de Donald
Trump, vigente desde el 25 de agosto de 2017, contentiva de las primeras
sanciones de carácter económico-financiero aplicadas a la República y a
su empresa matriz del sector de los hidrocarburos (PDVSA) (2),
aunque ya con anterioridad, desde el mes de mayo del mismo año la misma
administración Trump, en cuatro oportunidades, había aplicado sanciones
de naturaleza financiera a 25 funcionarios miembros de los distintos
poderes públicos del Estado Venezolano, desde el Presidente Maduro hasta
el constituyentista Herman Escarrá.
Bajo
la redacción general y ambigua característica de las órdenes ejecutivas
imperiales, ésta del 25 de agosto establece sanciones destinadas a:
bloquear el acceso del estado venezolano y la empresa estatal PDVSA a
nuevas fuentes de financiamiento en dólares; bloquear todas las
operaciones con dos títulos valores (bonos) emitidos legalmente por
PDVSA; e impedir la percepción de los dividendos resultantes de las
operaciones de su filial CITGO en territorio estadounidense. Sin embargo
dada la supremacía del Sistema Petrodólar a nivel planetario, en
la práctica se trata de la exclusión de Venezuela de toda transacción
financiera internacional, lo que nos ha venido dificultando de manera
extrema la importación de alimentos, medicinas y otros bienes e insumos
de primera necesidad, así como de un bloqueo bancario total contra
PDVSA, con el propósito de imposibilitar las transacciones directas de
hidrocarburos.
El impacto de estas sanciones es de tal magnitud, que de ellas ha dicho Peter Koening (3),
economista y analista geopolítico de origen estadounidense, ex
funcionario del Banco Mundial, que se trata de las más amplias sanciones
económicas de la historia, siendo representativas de una guerra
financiera directa que prácticamente paralizaría a Venezuela y que
constituyen además un crimen de guerra, ya que ponen en peligro y
amenazan las vidas del pueblo venezolano.
Para
endurecer este real bloqueo financiero Trump suscribió, a comienzos de
2018, dos nuevas órdenes ejecutivas contentivas de amplias sanciones
económico-financieras:
· La del 19 de marzo, que prohíbe "todas
las transacciones vinculadas, provisiones de financiamiento y otros
negocios por parte de una persona de Estados Unidos o dentro de Estados
Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha digital", emitida por el gobierno de Venezuela desde el 9 de enero de 2018 (4), con el propósito expreso de bloquear a “El Petro”, nuestro criptoactivo respaldado actualmente por nuestras reservas petroleras.
· La emitida el 21 de mayo (5),
al día siguiente de las elecciones presidenciales en las que resultase
electo Nicolás Maduro, para ejercer la máxima magistratura del país
durante el próximo período 2019-2025, en la cual entre otras cosas se
prohíben: todas las transacciones relacionadas con financiamiento para
el gobierno de Venezuela por parte de empresas y ciudadanos
estadounidenses, o que guarden relación con Estados Unidos; la compra de
cualquier deuda expedida por el gobierno de Venezuela, incluso aquellas
facturas que aún no se hayan pagado; la venta, transferencia,
asignación o garantía otorgada a colaterales por el gobierno de
Venezuela; así como el poseer acciones en cualquier entidad en la que el
gobierno sea accionista mayoritario con un porcentaje del 50% o mayor.
Tengo
plena confianza en que esta larga introducción sirva para demostrar que
el imperio, inicialmente por medio de instituciones privadas
interpuestas, las calificadoras de riesgo, y luego de manera directa por
medio de sanciones impuestas por la OFAC (Oficina de Control de Activos
Extranjeros) de su Departamento del Tesoro, nos ha venido aplicando un
cerco financiero que llevando ya casi 3 lustros, es la principal causa
de las extremas dificultades materiales por las que estamos atravesando,
siendo él mismo quien se empeña en gritar a los cuatro vientos junto a
sus corifeos nacionales e internacionales, que se trata de una crisis
humanitaria causada por la incapacidad del Gobierno Revolucionario;
considero que habrá de servir también para demostrar que las sanciones
asociadas a la orden ejecutiva vigente desde el pasado 1° de noviembre,
relativas a ciertas restricciones a la venta de oro por parte de
Venezuela, objeto central de estas notas, distando mucho de ser las
primeras, sólo son las más recientes sanciones que nos pretende aplicar
el imperio en medio de la lucha que debe continuar librando para tratar
de sobreponerse a su propia e irreversible decadencia.
De
entrada es necesario comenzar por decir que dichas sanciones con las
cuales se estaría pretendiendo trastocar las exportaciones de oro desde
Venezuela, al prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses
negociar con empresas e individuos que trabajen en la "corrupta y engañosa" venta de oro venezolano (6),
tienen una justificación mucho más falaz que todas las anteriores, ya
que una presunta venta de alrededor de 20 toneladas de oro a Turquía a
comienzos del 2018, en la cual parecen haberlas fundamentado, que por lo
demás el país estaría en su pleno derecho de hacer, no fue tal venta
sino una exportación acordada del mineral con el propósito de refinarlo y
certificarlo como oro monetario susceptible de ser incorporado a las
reservas del Banco Central de Venezuela, una operación perfectamente
normal y legal que antes se hacía con países como Suiza e Inglaterra,
pero que se ha vuelto extremadamente riesgosa de hacer con ellos debido a
su dependencia del poder imperial. Así lo señaló a mediados de año
(julio de 2018) el ministro de minería, Víctor Cano, al declarar
textualmente: “No es ningún contrabando a Turquía. Son convenios que
están firmados entre BCV y Turquía. Es un oro que se está produciendo en
Venezuela y certificado por nuestro registro de origen, con todos
nuestros controles internacionales para hacer la exportación y luego la
importación de ese oro ya refinado” (7) y adicionalmente, “(La
certificación la) Hacíamos en Suiza y ya no se hace en Suiza. Se hace
en países aliados porque imaginen que se envía el oro a Suiza y por
sanciones nos dicen que allí se queda”.
Sostengo responsablemente que se trata de unas sanciones absurdas por ser prácticamente inaplicables, porque ¿qué
razones podría tener Venezuela para vender oro a los Estados Unidos, a
pesar de ser éste el país que mayor cantidad de este mineral está
adquiriendo en la actualidad, o en todo caso de negociarlo a través de
ciudadanos o empresas estadounidenses, cuando países comprobadamente
amigos como Rusia, China e India, con los cuales tiene actualmente muy
activas relaciones comerciales, se encuentran también entre los primeros
diez países compradores de oro en el mundo? (8).
Igualmente
sostengo que sólo se trata de una burda maniobra política destinada a
mejorar el posicionamiento de los candidatos republicanos en el estado
de Florida en víspera de las elecciones del 06 de noviembre, así como de
seguir apuntalando la matriz mediática de país forajido que llevan
tiempo intentando atribuir a Venezuela y a otros países amigos; sostengo
esto, basándome en los siguientes hechos:
· Las sanciones, que fueron anunciadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, el “impresentable”
John Bolton, en lugar de por algún alto funcionario de los
departamentos de estado o del tesoro, como ha venido siendo lo habitual,
fueron presentadas ante una audiencia de venezolanos y cubanos “gusanos” en la “Freedom Tower” (Torre de la Libertad) de
Miami, una edificación tristemente célebre por ser la que alojó a los
primeros refugiados cubanos de la década de 1960; un anuncio que
curiosamente fue hecho un día después de que Trump hiciese campaña en
Florida para los candidatos republicanos al senado y a la gobernación (9).
· Una muy reciente encuesta divulgada por el asqueroso pasquín que lleva por nombre “El Nuevo Herald” (10), al señalar que los “hispanos” de
la Florida votarán mayoritariamente por candidatos demócratas,
prácticamente atribuye el triunfo a Bill Nelson (senado) y a Andrew
Gillum (gobernación), lo que constituiría un duro golpe para el actual
senador federal por ese estado y firme aliado de Trump con quién
comparte la misma neurosis contra Venezuela, “Narco” Rubio.
· Unas
falaces acusaciones proferidas al día siguiente del anuncio por
Marshall Billibgslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo
del Departamento del Tesoro, quien señaló textualmente en una
conferencia en el “Brookings Institution”: “Hemos visto 21 toneladas
métricas o más que han ido a Turquía, y hemos vistos empresas turcas
reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionan en la
corrupción relacionada al programa e cajas de comida CLAP”, así como también: “este
oro sale del país sin ninguna de las precauciones habituales para
garantizar que los fondos sean auditivos (¿!) y catalogados debidamente
como pertenecientes a las arcas del Estado y para ser utilizados en pro
de los ciudadanos” (11).
· Un
más que necio planteamiento de Bolton en la ocasión de hacer el
anuncio, relativo a que el anunciado decreto contra Venezuela, pide a
los secretarios de estado, Mike Pompeo, y del tesoro, Steven Mnuchin,
que "identifiquen sectores de la economía venezolana" que podrían estar sujetos a nuevas sanciones de EE. UU (12).
Para
terminar sólo me resta señalar que la escasa o nula trascendencia que
nuestro gobierno ha dado a tales sanciones, a juzgar por el hecho de que
no he logrado conseguir en la Red ningunas declaraciones al respecto,
sirve para confirmar mi planteamiento de que se trata de unas sanciones
absolutamente absurdas; sin embargo, no podemos por ello bajar la
guardia pues ellas pudiesen ser el preanuncio de nuevas sanciones del
mismo tipo pero orientadas a otros sectores, como el petrolero, que si
pudiesen generar un nuevo impacto adverso sobre nuestra muy golpeada
economía.
¡Hasta la Victoria, Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(9) https://venepress.com/article/
Caracas, noviembre 04 de 2018.
