Por Colombia Informa, Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2021.
Representantes de comunidades indígenas y campesinas realizaron un plantón este 20 de abril frente a la Corte Constitucional (Bogotá) para radicar una petición que avale la consulta previa de los territorios en cuanto a la fumigación con glifosato. También exigieron que se tenga en cuenta los distintos fallos y recomendaciones de organizaciones internacionales que se oponen al uso del glifosato.
Luego del Decreto expedido por parte de Gobierno Nacional que regula el regreso de las aspersiones aéreas con Glifosato, y sumado a las declaraciones del Presidente Duque en las que afirma que espera reanudar las aspersiones a partir de junio del presente año; muchos sectores protestan.
El exsenador Alirio Uribe Muñoz, del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo –Cajar–, señaló los puntos que se tienen en cuenta en el documento: “Está el fallo T237 que tiene que ver con el tema de la suspensión de las aspersiones aéreas. Pero también hay dos tutelas que están para revisión. Una sobre erradicaciones forzadas y otra sobre el derecho de participación y la consulta previa frente al tema de las aspersiones aéreas”.
Dicha petición está respaldada por distintas organizaciones campesinas, afros e indígenas, así como por la Bancada de Pposición del Congreso de la República y por más 20.000 firmas en la plataforma Change.org.
Muñoz también comentó que “todos los estudios independientes, autónomos y científicos, la OMS, la OPS reconocen que el Glifosato hace daño para la salud y es cancerígeno. También afecta el medioambiente, los cultivos lícitos y la seguridad alimentaria”.
Rosa María Mateus Parra, también abogada del Cajar, llamó la atención sobre el fracaso de las aspersiones de Glifosato en la lucha contra el narcotráfico. Según señaló la jurista, se están atacando los dos eslabones más frágiles de la cadena de valor: los y las cultivadores que al no tener otras alternativas rentables se ven obligados a sembrar hoja de coca; y los consumidores que deben ser atendidos como un tema de salud pública.
“Creemos que al contrario de ponerle énfasis a esta política de muerte debería darse la prioridad a la política de la sustitución de cultivos de uso ilícito y cumplirle al campesinado colombiano que ya suscribió para hacer efectivos estos acuerdos. (…) Está comprobado que estas políticas no atacan realmente el problema de las drogas sino que, al contrario, lo que hacen es sacar al campesinado de sus pueblos, de sus territorios”, afirmó la defensora de Derechos Humanos Mateus Parra.
Anti Quigua, Concejala de Bogotá recordó que la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –Opiac– ya había ganado una acción de tutela defiendo el derecho a un ambiente sano. Agregó, que aproximadamente el 52% de los cultivos de uso ilícito se encuentran en territorios indígenas y étnicos. La no implementación del Acuerdo de Paz entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Nacional (en especial el punto “Sobre la solución al problema de las drogas ilícitas”) agrava la crisis de Derechos Humanos desatada por cuenta del conflicto armado en los territorios ancestrales.
“Esta medida del Gobierno Nacional vulnera nuestra Ley de Origen, vulnera nuestro derecho propio y el derecho natural que tiene todos los seres y especies de la tierra”, puntualizó Quigua.
Las organizaciones sociales y Derechos Humanos junto con la población civil esperan que la respuesta de la Corte Constitucional ponga freno a las aspersiones aéreas con Glifosato.
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