By Resumen Latinoamericano on 1 diciembre, 2022
Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2022.
Foto: Marie Yolene Gilles de la FJKL
La Directora Ejecutiva de la Fundación Je Klere, (FJKL) Marie Yolène Gilles, invita al Estado haitiano a mostrar voluntad política real para combatir la impunidad, el financiamiento de pandillas, el terrorismo, el lavado de dinero tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá contra ex y actuales líderes haitianos. Según ella, el gobierno debe desarrollar la cooperación internacional para arrojar luz sobre este tema.
El régimen de sanciones impuesto a las personas políticamente indexadas representa una buena oportunidad para que Haití se embarque en el camino del buen gobierno y la rendición de cuentas, informó Marie Yolène Gilles de FJKL durante su participación en el panel del programa »Magik» el miércoles 30 de noviembre. “Siempre hemos pedido esta ayuda. Es una pequeña ayuda que la comunidad internacional, sensibilizada, nos ha brindado. Este es el momento de que el pueblo haitiano que exige justicia contra el crimen organizado, el financiamiento de pandillas, el terrorismo, siga sus pasos para poner fin a estas prácticas en la sociedad”, propuso.
Para lograr la aplicación total de las sanciones, la Sra. Gilles elaboró una lista de recomendaciones. “La designación por el Gobierno de los suplentes del Comisionado de Gobierno Especializado en Delitos Financieros en las dieciocho jurisdicciones del país de conformidad con la Ley Sancionadora del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de 11 de noviembre de 2013; la designación por parte del actual gobierno de jueces de instrucción especialistas en delitos económicos en las dieciocho jurisdicciones del país conforme lo exige la ley sancionadora del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del 11 de noviembre de 2013; la publicación de las declaraciones patrimoniales de todas las personas objeto de las sanciones y de sus familiares a fin de que la población, los denunciantes y la prensa especializada coadyuven a la justicia en la detección de casos de falsas declaraciones y tergiversaciones con el fin de sancionar a los responsables de estos delitos y la lucha contra el enriquecimiento injustificado; la adopción de una resolución en Consejo de Ministros que despida de los próximos concursos electorales a las personas objeto de las sanciones ya sus familiares, hasta el resultado de las investigaciones que se practicarán; la activación, de conformidad con la ley y los derechos de todos, de investigaciones contra todas las personas objeto de las sanciones; aprovechar la cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca a fin de obtener la mayor cantidad de información e inteligencia posible para el avance de las investigaciones; el fortalecimiento de las instituciones para la lucha contra la corrupción tanto en términos de estándares como del plan de recursos humanos creíbles y calificados ”, enumeró.
Instrumentos legales no faltan en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, dijo la activista de derechos humanos que pide su aplicación. “La ley de 21 de febrero de 2001 sobre el lavado de activos, publicada en el Moniteur de 5 de abril de 2001; la ley del 11 de noviembre de 2013 que sanciona el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, promulgada por el ex presidente Michel Joseph Martelly; la ley del 28 de septiembre de 2016 que modifica la ley del 11 de noviembre de 2013 que sanciona el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, promulgada por el expresidente Jocelerme Privert; la ley de 8 de mayo de 2017 sobre la organización y funcionamiento de la Unidad Central de Inteligencia Financiera (UCREF), promulgada por el extinto Presidente Jovenel Moïse; leyes contra la corrupción y transparencia en la vida pública, como las leyes de declaración de bienes de 2009, promulgadas por el difunto presidente René Préval, la ley anticorrupción de 2014 promulgada por el expresidente Michel Joseph Martelly; leyes que crean el marco institucional para la lucha contra la corrupción, incluida la Unidad Anticorrupción. (ULCC), la UCREF, la Oficina de Asuntos Económicos y Financieros (BAFE), la Inspección General de Hacienda (IGF) y el Tribunal Superior de Cuentas y lo Contencioso Administrativo (CSCCA). »
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