El acceso a la tecnología nuclear con fines pacíficos no es un capricho geopolítico ni una ambición armamentista: es una necesidad sanitaria, alimentaria y ambiental para Venezuela. La imagen de una madre esperando en un hospital público de Caracas mientras su hijo con cáncer aguarda una dosis de Tecnecio-99m —isótopo cuya vida útil se mide en horas y que depende enteramente de importaciones sujetas a sanciones y retrasos— sintetiza el problema central que motiva esta exposición. La tecnología nuclear, lejos de ser un "monstruo", constituye una herramienta legítima y legalmente amparada para curar, alimentar, limpiar el agua y progresar.
La tesis que se sostiene aquí es triple:
Primera, Venezuela posee un historial nuclear limpio y verificable;
Segunda, el ordenamiento jurídico internacional y nacional la faculta expresamente para desarrollar tecnología nuclear pacífica;
Tercera, existe una población que sufre y merece soluciones concretas. El hilo conductor de esta presentación será el análisis de las leyes y tratados que configuran ese derecho inalienable.
I. Marco jurídico internacional: el derecho inalienable a lo pacífico
El fundamento normativo del derecho venezolano a la tecnología nuclear se articula en cuatro instrumentos internacionales principales, todos ellos ratificados por el país:
1. Tratado de Tlatelolco (firmado en 1967, ratificado en 1970). Este instrumento convirtió a América Latina y el Caribe en la primera zona densamente poblada del planeta en declarar su renuncia a las armas nucleares. Venezuela fue parte de ese acto de valentía colectiva que estableció un precedente global de desnuclearización regional.
2. Tratado de No Proliferación (NPT, ratificado en 1975). Su artículo IV constituye la piedra angular del derecho aquí reivindicado. El texto es inequívoco: "Nada de lo dispuesto... se interpretará en menoscabo del derecho inalienable de todas las Partes a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos". La palabra "inalienable" no es retórica: significa que ningún país, por pequeño que sea o por gobierno que tenga, puede ser privado de ese derecho si cumple con las obligaciones de no proliferación. Más aún, el mismo artículo obliga a los Estados poseedores de tecnología a "facilitar" el intercambio de equipos, materiales e información científica. No se trata de un favor discrecional, sino de una obligación legal vinculante.
3. Acuerdo de Salvaguardias Integrales con el OIEA (firmado en 1982). Este tratado permite que inspectores internacionales verifiquen en cualquier momento que ningún gramo de material nuclear se desvíe hacia fines no pacíficos. Venezuela lleva más de cuarenta años abriendo sus puertas a la verificación internacional.
4. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW, ratificado en 2018). El instrumento más reciente y exigente del régimen de desarme: declara ilegal la existencia misma de las bombas atómicas e incluso prohíbe su tránsito por territorio de los Estados parte. Venezuela lo incorporó a su legislación interna, lo que significa que, en su ordenamiento jurídico, las armas nucleares son ilegales. Difícilmente puede acusarse de esconder un programa armamentista a un país que prohíbe las bombas en sus propias leyes.
5. Junta de Gobernadores del OIEA (2024-2026). En septiembre de 2024, durante la 68ª Conferencia General del OIEA en Viena, Venezuela fue elegida para integrar la Junta de Gobernadores, representando a América Latina y el Caribe junto con Argentina y Colombia. Venezuela no solo tiene derecho a usar tecnología nuclear pacífica: participa en el órgano donde se decide cómo se distribuye esa tecnología en el mundo. Es difícil acusar de trampa a quien ayuda a escribir las reglas.
Implicación jurídica directa: cuando a Venezuela se le bloquea la compra de un equipo médico por contener componentes radiactivos, o se le niega la transferencia de un reactor modular para zonas aisladas, se viola el NPT. El derecho internacional no puede depender del color político del gobierno de turno.
II. Evidencia empírica: un historial de coherencia y transparencia
El marco legal no es una construcción teórica: se corresponde con una conducta verificable a lo largo de décadas.
El reactor RV-1. Venezuela operó durante más de treinta años un reactor de investigación en Altos de Pipe, estado Miranda. Era pequeño, pacífico y funcionó sin accidentes graves ni fugas que pusieran en riesgo a la población. Utilizaba uranio altamente enriquecido (HEU), material sensible que en malas manos podría emplearse para fines armamentistas. Venezuela jamás lo usó con ese propósito. En abril de 2026, con asistencia del OIEA, Estados Unidos y el Reino Unido, el país retiró voluntariamente 13 kilogramos de HEU de su territorio y los envió a Estados Unidos. El director general del OIEA, Rafael Grossi, calificó la operación como ejemplo de "voluntad, coordinación, dedicación y profesionalismo". Un país señalado como "sospechoso" hizo exactamente lo contrario: deshacerse voluntariamente del material más peligroso, en medio de sanciones económicas y dificultades logísticas enormes.
Pegamma. Donde estuvo el RV-1 funciona hoy una planta de irradiación gamma que esteriliza equipos médicos, mejora semillas y salva vidas. Es la prueba material de que la infraestructura nuclear venezolana puede reorientarse hacia aplicaciones benéficas.
Ausencia total de evidencia armamentista. No existe una sola prueba de que Venezuela haya intentado fabricar una bomba nuclear. Nunca la ha necesitado, nunca la ha querido. El historial recogido por GlobalSecurity (2025) confirma décadas de coherencia en esta materia.
Contraste regional. Uruguay, Chile, Perú, Argentina y Brasil poseen programas nucleares pacíficos —Argentina incluso exporta reactores— y ninguno es calificado de "sospechoso". La sospecha sobre Venezuela no es técnica, es política. El derecho internacional no puede fundarse en percepciones ideológicas.
III. Aplicaciones concretas: salud, agricultura, agua y energía
El derecho reconocido en los tratados se traduce en necesidades apremiantes y soluciones técnicamente viables.
Salud. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares no esperan. El Tecnecio-99m, el isótopo más usado en diagnóstico, se descompone en seis horas. Si el vuelo desde el exterior se retrasa un día, el producto ya no sirve. Venezuela depende al cien por ciento de importaciones, con sanciones y problemas cambiarios: a veces los isótopos llegan vencidos o no llegan, y los pacientes mueren esperando. Un ciclotrón mediano construido en el país produciría isótopos cada mañana, el hospital los usaría al mediodía y el paciente estaría diagnosticado por la tarde. Venezuela cuenta con científicos formados en la Universidad Central de Venezuela, el IVIC y la Universidad de Los Andes.
Agricultura. Las plagas destruyen cosechas enteras y los plaguicidas dañan la tierra, el agua y la salud de los agricultores. La Técnica del Insecto Estéril (TIE), desarrollada por el OIEA y la FAO, crías machos, los esteriliza con radiación gamma y los libera: se aparean, pero no hay descendencia, y la plaga se reduce sola. La planta Pegamma podría ampliarse para producir insectos estériles a gran escala. Se aplica ya en México, Guatemala y España. Piensa en el mango de Oriente, el cacao de Barlovento y el café andino: menos pérdidas, más exportación, menos cáncer por pesticidas.
Agua. La minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco ha llenado los ríos de mercurio, que se acumula en peces y personas. Los trazadores radiactivos permiten estudiar el flujo del agua, el movimiento de sedimentos y la dispersión de contaminantes con una precisión imposible por otros medios; la radiación puede descomponer contaminantes orgánicos persistentes. Venezuela tiene el recurso más valioso del mundo —agua dulce— y lo está envenenando. Usar tecnología nuclear para combatirlo no es un lujo, es una necesidad.
Energía. Las represas hidroeléctricas son vulnerables a El Niño y La Niña. Los pequeños reactores modulares (SMR) son diseños nuevos, más seguros y pasivos —se apagan solos si algo falla—, caben en un campo de fútbol y producen electricidad limpia sin emisiones de carbono. Para una zona minera en Bolívar, un hospital grande o una ciudad mediana, podrían ser la solución. No se propone llenar el país de reactores de inmediato, sino ejercer el derecho a estudiar la posibilidad, formar técnicos y diseñar planes sin que nadie cierre la puerta en la cara.
IV. Riesgos reales y transparencia: una mirada honesta
Negar los miedos sería estúpido; hay que mirarlos a la cara. El RV-1 operó más de treinta años sin accidente grave, sin fuga alguna, con técnicos venezolanos bien entrenados y supervisión permanente del OIEA. El HEU ya no está en el país. Lo que queda son fuentes radiactivas de baja y media intensidad, usadas en medicina y controladas por la Dirección General de Energía Atómica.
¿Existe riesgo de robo de material radiactivo por grupos terroristas? En cualquier país existe. Por eso existen las salvaguardias, las inspecciones y la inversión en seguridad física. Venezuela ha cooperado en todo ello. El verdadero riesgo para la estabilidad regional no es una Venezuela con tecnología nuclear, sino una Venezuela colapsada, sin energía eléctrica estable y sin capacidad de diagnosticar enfermedades.
Una tarea pendiente: Venezuela aún no ha ratificado el Protocolo Adicional de salvaguardias del OIEA. No es obligatorio —ya cuenta con el Acuerdo de Salvaguardias Integrales—, pero ratificarlo sería un gesto político enorme: una forma de decir "no escondemos nada, pueden venir cuando quieran, revisen todo". Este ponente considera que debería ratificarse cuanto antes.
Conclusión: la tecnología al servicio de la vida
Venezuela tiene una historia nuclear limpia, un marco legal que la ampara y una población que sufre y merece soluciones. El artículo IV del NPT consagra un derecho inalienable que ningún país puede arrebatar por razones políticas. La coherencia venezolana —desde Tlatelolco en 1967 hasta la retirada voluntaria del HEU en 2026, pasando por la ratificación del TPNW en 2018 y su elección a la Junta de Gobernadores del OIEA— desmiente cualquier sospecha de ambición armamentista.
Mientras tanto, aquella madre sigue en la silla de plástico. Y su hijo sigue esperando. La diferencia entre la espera y el alivio se mide en isótopos, pero también en voluntad, en empatía y en la decisión de poner la tecnología al servicio de la vida. Eso es, exactamente, lo que Venezuela está exigiendo.
Referencias
- International Atomic Energy Agency (IAEA). (2026, May 7). *IAEA Helps Transport High Enriched Nuclear Fuel from Venezuela to the US*. IAEA Newscenter.
- GlobalSecurity.org. (2025). *Venezuela - Weapons of Mass Destruction*. GlobalSecurity.org WMD Library.
- Nuclear Weapons Ban Monitor. (2025). *Venezuela*. Banmonitor.org.
- Xinhua News Agency. (2024, September 23). *Venezuela joins int'l atomic agency's governing board*. English.nujiang.cn.
- General Directorate of Atomic Energy (Venezuela). (2019). *Application of Safeguards in Venezuela through Protocols with Small Quantities*. IAEA Symposium on International Safeguards.
- Middlebury Institute of International Studies. (2024). *Non-Aligned Movement (NAM) Disarmament Database: Venezuela*.
