| De guerrasimbolica en 23 septiembre, 2026 |
| Imagen: Revista Insurrección No.1070. |
|
En reciente alocución presidencial, Abelardo De La Espriella afirmó que, |
“he dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta (…) Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. ¿Estamos ante el aniquilamiento del Estado Social de Derecho? |
|
Los espacios académicos y formativos y, en especial la universidad debe ser un espacio ante todo de pensamiento crítico y debate; por ello, la intervención policial dentro de un claustro educativo no debería convertirse en una práctica habitual ni utilizarse como mecanismo para controlar la protesta estudiantil. Las manifestaciones, las asambleas y las expresiones de inconformidad hacen parte de la vida democrática y deben ser protegidas, una intervención indiscriminada genera un ambiente coercitivo que constriñe las libertades civiles.
|
Hay que recordar la masacre ocurrida en 1971 en la Universidad del Valle cuando, estudiantes de bachillerato y universidad, y obreros que se expresaron en apoyo a una serie de manifestaciones que adelantaron estudiantes de la Universidad del Valle, en medio de un contexto nacional de sojuzgamiento contra las clases populares, marcado por el aumento de los precios, el desempleo, la inflación y otras dificultades. El 26 de febrero, fuerzas represivas del Estado intervinieron el campus para “retomar el control”, desencadenando la represión que culminó en una masacre que dejó decenas de muertos.
|
Tampoco podemos borrar de la memoria que el 16 de mayo de 1984, una incursión violenta e indiscriminada por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) a la Universidad Nacional, generó una masacre que dejo cerca de 17 estudiantes asesinados y el cierre del aula mater por más de un año. |
A lo que se suman la estela de muertos y mutilados que han dejado las tropelías de la policía militarizada del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy UNDMO).
|
Un caso que viene a la memoria es el asesinato de Dilan Cruz, quien durante una manifestación pacífica, donde muchos jóvenes expresaban su rechazo a las políticas del Gobierno -sin mediar un diálogo, ni que hubiera habido desmanes por parte de los manifestantes-, el ESMAD atacó a los manifestantes y un agente de este escuadrón de muerte hizo un disparo directo, impactando el cuerpo de este estudiante y causándole la muerte. |
|
No se puede olvidar que el asesino de Dilan Cruz, el capitán Cubillos, fue defendido por el hoy presidente De La Espriella.
|
Estos y muchos otros hechos dejan claro que el Estado reprime con fuerza letal cualquier movilización popular, dándole trato de guerra a la protesta social, mucho más si esto ocurre cuando la cabeza del Ejecutivo ha amenazado con destripar la izquierda y equipara protesta social a terrorismo. |
Existe algo fundamental y es la subordinación del poder militar al poder civil -hecho que se quiso borrar al posesionar el Presidente en una guarnición militar-, pero, ¿quién controla a quienes ejercen la fuerza?, en una democracia las FFAA deben estar sometidas a controles civiles, judiciales, administrativos y constitucionales.
|
Si la policía puede entrar en espacios universitarios sin controles claros, sin criterios de necesidad y sin rendición de cuentas, se debilita uno de los principios esenciales del Estado de Social de Derecho. |
|
La universidad debe seguir siendo un lugar donde el poder pueda ser cuestionado, si una democracia llega al punto en que sus jóvenes sienten que deben callar porque expresar sus ideas puede provocar una respuesta represiva, entonces el problema no es ni nunca ha sido la seguridad, sino menoscabar la democracia y eliminar los derechos civiles. |
El derecho a la protesta es un derecho constitucional y es fundamental en el soporte de pesos y contrapesos, ya que es el mecanismo por el cual la ciudadanía puede expresar su sentir y disentir de las políticas gubernamental y expresar libremente pensamientos disonantes, por ello, es cuando menos ilógico que sea el Estado quien determine cuándo el ejercicio de la protesta es legítimo o ilegitimo.
|
Ante la arremetida del imperio se hace inaplazable la unión de la clase popular para defender los postulados de la libertad, y la construcción de una nación soberana donde pensar distinto no sea una condena de muerte y la paz con justicia y equidad social sea un imperativo del Gobierno.
|
|
|
