Publicado por: Jose
Sant Roz enero 06, 2019
Tras la reunión que sostuvieron ayer en
la sede de la cancillería peruana, los miembros del Grupo de Lima, compuesto
por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, emitieron una
declaración con la finalidad central de desconocer la legitimidad del nuevo
mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Además, el bloque integrado
a instancias de Washington para impulsar el derrocamiento del régimen
bolivariano urgió a la comunidad internacional a desconocer a Maduro, así como
a negar cualquier ayuda financiera o militar a la nación caribeña, y exhortó a
la Corte Penal Internacional para que acelere la investigación sobre presuntos
crímenes de lesa humanidad. México, pese a ser miembro fundador del grupo,
marcó un viraje en su papel dentro del mismo al rechazar la firma de la
declaración injerencista.
El encuentro supuso la primera prueba de
envergadura para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el
ámbito de la diplomacia latinoamericana. Cabe recordar que en el último tramo
de su sexenio el ex presidente Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis
Videgaray Caso, emprendieron un asalto sin cuartel contra la tradición
diplomática mexicana, basada en el principio de no intervención y en el irrestricto
respeto ante los asuntos internos de los Estados. Si esta doctrina, que durante
décadas brindó prestigio y reconocimiento a la diplomacia nacional, ya había
sufrido duros y en ocasiones bochornosos golpes durante las administraciones
federales panistas, el afán peñanietista de congraciarse con la Casa Blanca de
Donald Trump llevó a la vergonzosa claudicación de la política exterior
mexicana, lo cual amenazó con hacer del país un mero satélite de Washington.
Debe reconocerse que en una ocasión tan delicada y
de tan trascendentales consecuencias el mandatario entrante instruyera al
cuerpo diplomático, por conducto del subsecretario para América Latina y el
Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, a que
honrara su compromiso de campaña de recuperar lo mejor de la política exterior
y frenase la abyección que la marcó en los recientes lustros. En este sentido,
el rechazo a cualquier mecanismo que no privilegie el fomento de la paz y el
diálogo entre los venezolanos es un ejemplo del papel que la comunidad
internacional debe cumplir si desea involucrarse en la situación que atraviesa
esta nación.
En deplorable contraste, la postura de la casi
totalidad de los países latinoamericanos muestra la preocupante hegemonía de
regímenes de derecha y ultraderecha, caracterizados por sus vínculos directos
–incluso de sangre– o su defensa abierta de las dictaduras militares que en la
última mitad del siglo pasado asolaron a la región, por su agresiva defensa de
los intereses oligárquicos y por su predisposición a someterse ante el poder
estadunidense. En la coyuntura actual, la voluntad de dichos gobiernos para
impulsar sin tapujos el golpismo contra uno de sus pares desnuda la miseria
ética de las derechas e invalida cualquier pretensión de defensa de la
democracia que pretendan arrogarse.
